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TERCEROS OBLIGADOS A PAGO

El Sergas reclama a aseguradoras 60 millones por asistencia a sus clientes

Entre las facturas de 2018 se encuentran las remitidas al seguro del festival O Marisquiño

Los servicios de emergencias atienden a un herido en un accidente de circulación EFE

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En el año 2014 un informe del Consello de Contas ponía la lupa sobre la fuga de recursos públicos que representaban para la sanidad gallega las atenciones prestadas a usuarios cubiertos por otro tipo de seguros y no reclamadas a las entidades correspondientes: la cifra estimada por el organismo fiscalizador ascendía a 7,5 millones de euros entre 2010 y 2012 por asistencias imputables a terceros.

Accidentes de circulación (amparados por los seguros obligatorios de circulación) o siniestros laborales (a cargo de las correspondientes mutuas profesionales) son algunos de los ejemplos más frecuentes. También, con un caso paradigmático en el último ejercicio analizado, los accidentes ocurridos en el marco de espectáculos públicos con seguros de responsabilidad civil suscritos, como el festival O Marisquiño que el pasado agosto dejó más de 460 heridos al ceder una pasarela en el puerto de Vigo. Por estos y otros conceptos, en el último año completo el Sergas emitió facturas por un valor próximo a los 60 millones de euros , creciendo en casi ocho millones respecto al ejercicio anterior. En 2016, la cifra había ascendido a 53,5 millones, sumando 165,5 en los últimos tres ejercicios analizados.

Recuperación de recursos

La recuperación de los costes de la asistencia prestada a pacientes cubiertos por seguros distintos escaló posiciones en la lista de prioridades del Sergas de la mano de la crisis económica y las estrecheces impuestas al gasto público por efecto de la recesión. La adecuada detección y remisión de atenciones facturables se situó entre los objetivos estratégicos del plan de inspección sanitaria para el periodo 2011-2013 , que identificó este capítulo, junto al control de la prestación farmacéutica y de las incapacidades temporales, como uno de los «ámbitos en los que se observa mayor margen de mejora para contribuir a una gestión más eficiente» y rescatar recursos para el servicio público.

Junto a los ejemplos citados, correspondientes a accidentes de trabajo o de tráfico o espectáculos públicos obligados a contratar seguros de accidente, la sanidad pública también debe revertir los gastos ocasionados en sus servicios por empleados públicos adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).

Pendiente de actualización

Los precios aplicados para la facturación de servicios a terceros obligados a pago son los recogidos en el decreto de tarifas, actualizado por última vez en 2014 y pendiente de una nueva revisión tras más de cuatro ejercicios congelado. En distintos anexos, la norma detalla los importes facturables no sólo por asistencias prestadas en centros de salud o hospitales de la red del Sergas, sino también por servicios a cargo de fundaciones públicas, como el transporte sanitario del 061 (899,57 euros por lesionado en la movilización de ambulancias con soporte vital avanzado; 7.991,99 euros en el caso del helicóptero medicalizado) o las unidades de componentes sanguíneos dispensados desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (122,73 euros por cada concentrado de glóbulos rojos o 287,82 en unidades de plaquetas).

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