Santiago no quiere ser un decorado

29/10/2018
Actualizado a las 21:11h.

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En el subsuelo del casco histórico de Santiago queda mucho patrimonio oculto por descubrir. Los arqueólogos tienen constancia, por ejemplo, de que bajo las piedras existe una red de aguas que implantó el primer arzobispo de la ciudad, Diego Gelmírez, en el siglo XII. Desde hace 20 años ningún consistorio se ha atrevido a levantarlas para dotar a los vecinos de servicios como internet de alta velocidad, gas natural o para renovar las viejas tuberías de plomo que provocan cortes en el suministro de agua a las viviendas. La operación ha dado vértigo a las distintas administraciones.

«Vivir en la zona vieja tiene muchos problemas», subraya Mariví García, vicepresidenta de la Asociación de Veciños do Casco Histórico. «Mi hija estuvo el otro día desde las siete de la tarde hasta las doce de la noche para enviar por internet un trabajo académico. No puedes ser estudiante, ni una persona mayor porque hay muchas dificultades también para instalar ascensores , para aparcar o para llegar en coche hasta tu casa», relata. Los vecinos reconocen que existen ayudas públicas para rehabilitar las viviendas, pero se quejan de que su manteniento es caro y de la lentitud en los permisos a la hora de reparar sus casas. «Hay gente que echó un año para poder limpiar los canalones», ejemplifica García. Pese a los inconvenientes, la vicepresidenta de la asociación de vecinos no se arrepiente de haberse instalado en la zona vieja. «Es preciosa y además vivimos como en un barrio, el trato vecinal es estupendo», afirma. García teme que si la ciudad vieja no se dota de servicios acabará perdiendo su esencia y convertida en un decorado para el turismo.

A diferencia de otros cascos históricos como el de Mondoñedo o Betanzos, Santiago superó hace muchos años la barrera del abandono. El presidente de la delegación compostelana del Colexio de Arquitectos Galicia, Santiago García, cree que la ciudad es un ejemplo de los problemas que conlleva el éxito. «Existen desmedidas expectativas de sacarle rendimiento a las cosas lo que produce patologías urbanas», asevera. García se refiere tanto a la proliferación de alojamientos para los turistas o al «comercio monotemático que se está apoderando de la ciudad» como al elevado precio del suelo. Pese al desplome que acarreó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en la zona vieja los pisos apenas se han abaratado. «Muchos propietarios saben que antes o después aparecerá alguien que va a pagar ese precio» , relata la vicepresidenta de la asociación vecinal.

Pese a que la ciudad está declarada como Patrimonio de la Humanidad, el arquitecto Santiago García cree que rehabilitar viviendas en la zona vieja no es más complicado que en otros lugares. «Las limitaciones que pone la normativa urbanística y de protección del patrimonio son perfectamente asumibles, conocidas y no plantean problemas irresolubles», asevera. García opina que «se está perdiendo un poco la conciencia del valor de las cosas que se quieren proteger». Frente a las quejas vecinales por no poder modificar elementos como balaustradas catalogadas para instalar ascensores, el arquitecto afirma que los habitantes de la zona vieja tienen que percatarse de que las «aparentes limitaciones son también potencialidades que tiene la ciudad histórica y cosas que incrementan el valor de su propia casa».

Pero el presidente de la delegación compostelana del Colexio de Arquitectos también considera que las infraestructuras son mejorables. «La conservación del patrimonio no tendría que estar reñido con el funcionamiento de los servicios esenciales», subraya.

El concejal de Espazos Cidadáns de Santiago, Jorge Duarte, explica que cuando Compostela Aberta llegó al Gobierno en 2015, una de sus prioridades era la de revitalizar el casco histórico para que no se convirtiese en un parque temático para los turistas. Entre sus líneas de actuación, el Ayuntamiento se fijó dos prioridades, «parar el valor especulativo de la propiedad» y conseguir una mejora en la calidad de vida para los vecinos de la ciudad vieja, afirma Duarte. Aunque el consistorio ha dado pasos, los resultados todavía no son visibles.

«Estamos trabajando sobre todo en los aparcamientos de borde y en la dotación de servicios de fibra óptica», explica el concejal. Además de poner plazas exclusivas para los vecinos (zonas verdes) en varios puntos de la ciudad vieja, también pretenden reconvertir el aparcamiento de Xoán XXIII, orientado hasta ahora para los buses que llegan con turistas. «La idea es ofrecer plazas para los vecinos con precios competitivos, a unos 50 euros». Para la mejora de la velocidad de Internet el consistorio ha llegado a un acuerdo con Telefónica por el que la compañía sustituirá los viejos cables por fibra óptica. El cableado seguirá por fuera de los edificios, pese a que el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica instaba ya desde 1989 a soterrar las nuevas instalaciones. «Para muchas empresas asumir el enterrado de las líneas haría imposible la comercialización» explica Duarte. Este es otro de los motivos por los que el Ayuntamiento no se plantea, por el momento, la instalación de redes para el gas natural.

La concejal popular y diputada en el Parlamento gallego, María Antón, reconoce que en los últimos años nadie se ha atrevido a abrir el subsuelo para acometer nuevas canalizaciones por la complejidad y la carestía de la operación. «También es verdad que no podemos estar mirando para otro lado indefinidamente. Cuando gobernó el PP se había planteado el derribo de la antigua Casa da Xuventude y se preveía una experiencia piloto para incluir canalizaciones subterráneas», reivindica la edil del PP. La Asociación de Veciños do Casco Histórico entiende que las prospecciones arqueólogicas y la protección de los bienes que pudiesen aparecer en el subsuelo, encarece el proceso , pero reclama que poco a poco se vaya empezando.

Las medidas de Compostela Aberta para tratar de abaratar el precio del suelo han sido más polémicas. Cuando llegó al Gobierno estableció una moratoria de dos años de licencias para los establecimientos hoteleros. Con el auge de plataformas como Airbnb el Consistorio intenta ahora frenar también las viviendas de uso turístico en la zona vieja. «Tenemos que limitarlos porque están impidiendo que haya vivienda habitada por familias» , defiende el concejal de Espazos Cidadáns, quien asegura que cada año desciende un 1% la población en el casco histórico. El Ayuntamiento pretende cambiar el plan especial para prohibirlos expresamente en la zona entre murallas. En noviembre llevará la cuestión a pleno, pero no está claro que salga adelante al gobernar en minoría. La medida no gusta al PP y el resto de grupos también la han criticado. María Antón defiende que se deben regular, pero reprocha a Compostela Aberta que mire a los propietarios de estas viviendas como especuladores. «Son vecinos de la ciudad y muchos los tienen como medio de vida», afirma la edil del PP. Para darles una alternativa el Ayuntamiento prepara un plan de ayudas por el que los propietarios podrían recibir hasta 1.300 euros anuales si los destinan al alquiler residencial. Los vecinos dudan del éxito del programa. «La gente no va a venir si no tiene un supermercado cerca, buena calefacción, internet..», explica Mariví García.

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