Sánchez indigna a La Coruña y Vigo por condonar deuda al puerto de Valencia

Allí, el Ayuntamiento, los grupos de la oposición y hasta la Xunta ponen voz a un asunto sobre el que la Autoridad Portuaria prefiere guardar silencio. La entidad dirigida por Enrique Losada se decanta estos días por un perfil bajo, aunque los números invitan a tejer paralelismos entre el caso valenciano y el coruñés . Fuentes oficiales consultadas por ABC informan que, en estos momentos, el Puerto herculino adeuda «más de trescientos millones de euros» . La mayoría, doscientos millones, se corresponden con un préstamo que Puertos del Estado firmó para la construcción de Punta Langosteira. La cantidad restante, en torno a ciento treinta millones, está vinculada a un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que la Autoridad «ya comenzó a pagar».

A lomos de estas cifras cabalga la ofensiva política iniciada la semana pasada. La Coruña torció el gesto cuando comprobó el precio que el Gobierno había pagado por el voto favorable de la Generalitat valenciana a la senda de déficit. El pacto firmado entre los gabinetes socialistas de Sánchez y Ximo Puig pasaba por que el Estado asumiera buena parte de la deuda que el Consorcio Valencia 2007 contrajo para fines variopintos. Entre ellos, organizar las regatas de la Copa América, grandes premios de Fórmula 1 o la celebración de otras disciplinas náuticas.

Las reacciones se sucedieron de inmediato. El gobierno rupturista de Xulio Ferreiro —en sintonía con Podemos, socio a su vez del PSOE de Sánchez— instó al Estado a impulsar «una medida similar» para corregir el desequilibrio . Ayer, el responsable de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, volvió sobre ello. «De no aplicarse aquí (...) se convertiría en un agravio comparativo para nuestra vecindad y frustraría las expectativas depositadas en el nuevo Gobierno del Estado», advirtió. El Concello cree que no hay motivos para que dos entidades públicas estrechamente vinculadas, como son Puertos y la Autoridad Portuaria de La Coruña, no puedan llegar a un entendimiento. Días antes, la presidenta local del PP y conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se deshizo en críticas contra «los tratos oscuros» de Sánchez y anunció la presentación de una batería de medidas para llevar el debate al pleno municipal y al Parlamento autonómico. «No vamos a exigir ni más ni menos, sino un trato similar en el tratamiento de esa deuda», apostilló Mato .

Paradójicamente, la maniobra sanchista ha provocado que los dardos de María Pita y los del PP confluyan en la misma diana:un terreno que hasta hace no mucho había sido pasto de continuos rifirrafes mutuos. En concreto, por la operación de venta de los terrenos de La Solana , concebida en un principio para aliviar el lastre de la Autoridad Portuaria con sus acreedores. A ese respecto, el equipo de Ferreiro ve oportuno aprovechar el momento para que la Xunta y Fomento convoquen la Comisión de Seguimiento de los terrenos portuarios, prevista desde 2004, y estudiar un giro copernicano a la gestión de la zona.

El Puerto coruñés, mientras, se deja mecer por el compás de espera. Fuentes de la entidad rechazan confirmar si la próxima reunión del Consejo de Administración abordará la desigual política de Sánchez.

Desde el Gobierno gallego, ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, incardinó su discurso con el de la política coruñesa, y pidió a La Moncloa que «no haya un trato discriminatorio» contra los muelles gallegos . La línea dura contra el Estado solo se la saltó el PSdeG local. Su portavoz, José Manuel García, acusó ayer el PP de poner «piedras en el camino» para crear un consorcio a imagen y semejanza del que ahora está siendo rescatado en Valencia. García, además, excusó la condonación de la deuda, pues «los mecanismos de funcionamiento» del Puerto coruñés lo impiden, de acuerdo con la UE.

La indignación coruñesa está teniendo cierto reflejo en Vigo. En conversación con este diario, el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, califica de «peligrosas» todas las operaciones de alivio de deuda, y más aún para tratar de «comprar un voto» que acerque al Gobierno a la consecución de sus metas económicas. «Es lógico que los demás pidamos, si no un tratamiento igual, sí análogo» , reflexiona López Veiga, quien no obstante aclara que la situación de su institución es algo más boyante que la coruñesa. Hace tres años, cerró el ejercicio con pérdidas de 3 millones de euros, aunque ahora encadena tres en números verdes, con un préstamo del BEI para inversiones por 9 millones. El objetivo, añade, es conseguir un colchón estable de beneficios de «unos cinco millones de euros».

En contrapartida, el responsable del Puerto de Vigo reclama a Sánchez solventar el «déficit» en conexiones ferroviarias con la inversión de «300 o 400 millones» para ligar los muelles con el sur, por Portugal, y con el corredor central de mercancías.

Todo para contrarrestar una componenda sobre la que también se pronunció ayer el alcalde de la ciudad. Abel Caballero, sin desviarse de su guión de ataques a la Xunta, cargó contra Alberto Núñez Feijóo por pedir «300 millones para el Puerto de La Coruña» y «ni un solo euro para el Puerto de Vigo».