Después de que el Congreso votara por unanimidad la necesidad de reformar la ley electoral, diputados de la Cámara Baja y representantes de colectivos de discapacidad celebraron la conquista con una foto
Después de que el Congreso votara por unanimidad la necesidad de reformar la ley electoral, diputados de la Cámara Baja y representantes de colectivos de discapacidad celebraron la conquista con una foto - EFE

Un rayo de esperanza para Mara

La familia de esta joven naronesa a la que se le retiró su derecho al voto celebra la decisión del Congreso de reformar la ley para que personas con discapacidad puedan emitir sufragio

SantiagoActualizado:

Con emoción y esperanza. De este modo vivía la familia de Mara G. C. la votación que a principios de mes se celebraba en el Congreso de los Diputados para eliminar las trabas recogidas en la Ley electoral que impiden a las personas discapacitadas ejercer su derecho al voto. Finalmente, la unanimidad expresada por todos los grupos políticos para reformar esta norma inundó de optimismo al entorno de esta adolescente santiaguesa con discapacidad intelectual, que hace tres años iniciaba una batalla judicial para volver a participar en unas elecciones.

Tras alcanzar la mayoría de edad en 2014, Mara votó con normalidad en varios procesos electorales hasta que una sentencia de un juzgado de Santiago impidió a esta joven compostelana la posibilidad de repetir la experiencia cuando estaba a punto de cumplir los 20 años. El fallo se basó en una prueba de conocimiento a la que la adolescente tuvo que someterse cuando los padres solicitaron la prolongación de su tutela. «Fue examinada por una forense que le hizo una serie de preguntas sobre cuestiones políticas. Determinaron que no era apta para votar porque tuvo dos fallos», explica en conversación con ABC Mar, la madre de Mara. La batería de preguntas a la que fue sometida la adolescente incluía cuestiones como «quién es el presidente del Gobierno» o «cuál es el nombre del presidente gallego». En concreto, ella falló a la hora de determinar «cada cuánto tiempo se celebran las elecciones europeas» y «quién manda más, el presidente del Gobierno o el Rey».

Su familia recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial —que denegó su toma en consideración— ante el Tribunal Supremo, que también rechazó admitirlo a trámite y ante el Constitucional, que volvió a tumbar las alegaciones de la joven. Actualmente, el caso está a la espera de que se pronuncie el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque la decisión del Congreso de los Diputados abre una nueva vía para que Mara recupere su derecho a emitir sufragio. «Claro que estamos esperanzados. Llevamos luchando por esto desde hace años», apunta la madre de la joven compostelana a este diario. Mar recuerda que la primera vez que su hija pudo votar «fue una fiesta para ella». «Ella sola eligió a su candidato y buscó la papeleta en la mesa», explica.

«Inseguridad jurídica»

Ala espera de que se modifique la Ley electoral para eliminar la obligación de las personas discapacitadas a someterse a un examen que determine o no si son aptas para el voto, la abogada de la familia, Lourdes González-Laganá, se muestra partidaria de continuar con la batalla judicial emprendida por la familia de Mara. «Ahora mismo el asunto está en Estrasburgo y yo seguiría, porque aunque se apruebe el cambio en la legislación, el daño a esta persona ya se ha hecho», señala la letrada a ABC.

González-Laganá cree que la decisión de cambiar la Loreg «llega tarde» y recuerda que ya en el año 2013 la ONUemitió un dictamen en el que criticaba a España por incumplir la legislación en esta materia. «Ese dictamen decía que cualquier examen que se le haga a una persona para permitirle o no votar es totalmente ilegal. El voto tiene que ser universal, no debe depender de un juez», explica. La abogada lamenta que, además, exista una «inseguridad jurídica» en torno a un derecho fundamental como el de emitir sufragio, debido a las distintas interpretaciones que los magistrados realizan a partir de la actual legislación. En este sentido, Lourdes González-Laganá recuerda que ni en el propio Tribunal Constitucional hubo unanimidad para rechazar el recurso de la familia de Mara y la vicepresidenta de la Sala emitió un voto particular asegurando que no estaba de acuerdo con esta decisión y animando a la familia a proseguir con su lucha. «Ni los propios jueces se ponen de acuerdo», lamenta.