Proponen juzgar a la excúpula de Caixanova por irregularidades en inversiones inmobiliarias

En un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, con fecha de este lunes, y con el que la magistrada concluye la instrucción, considera que Fernández Gayoso; el director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial Gregorio Gorriarán; el director de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el director del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido cometieron con estas inversiones el presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social.

Precisamente, la Audiencia Nacional c ondenó a 2015 a dos años de prisión a Gayoso, Pego y Gorriarán ya fueron condenados en 2015 por el cobro de indemnizaciones millonarias que se concedieron a sí mismos antes de abandonar la entidad, previendo que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

En su auto, la magistrada --que previsiblemente en septiembre se incorporará a su plaza recién asignada en la Sala de lo Penal del Tribunal de Supremo-- examina las operaciones sospechosas y concluye que la financiera inmobiliaria Proinova SLU y Caixanova, hoy Abanca, resultó perjudicada patrimonialmente con una cuantía que asciende a 41.853.839 euros.

En el año 2007, Caixanova concedió un préstamo hipotecario a la sociedad Rivas ACI SL --creada para llevar a cabo el proyecto urbanístico y participada por varias mercantiles vinculadas a la caja extinta-- por el importe de 67.100.000 euros, pese a que la mercantil aún no había adquirido aún las parcelas y sin hacer ningún tipo de análisis de solvencia de la empresa, ni «distinguir el valor entre las fincas».

Debido a que Rivas ACI no cumplió con sus compromiso de satisfacer la deuda, los directivos de Caixanova decieron hacer reestructuraciones de las condiciones del préstamo, señala el auto.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 abrió este procedimiento tras admitir a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción después de que en octubre de 2014 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, pusiera en conocimiento una serie de prácticas de la entidad supuestamente irregulares.

Por otro lado, la resolución acuerda el archivo de las actuaciones respecto de 12 personas que se encontraban investigadas, a petición de la Fiscalía, y rechaza las solicitudes de archivo de los investigados.