¿Promocionar sin límite de suspensos? El decreto de la ministra Celaá para pasar de curso divide a la comunidad educativa gallega

En contra del decreto al que el Gobierno central dio luz verde esta misma semana, la Xunta critica que supone una merma evidente de la calidad educativa y avanza que Galicia no participará de este «desprestigio» de la enseñanza. «Posibilitar que un alumno pase de curso sin importar el número de suspensos desprestigia la propia educación y el trabajo de docentes y familias , va en contra de la cultura del esfuerzo y es profundamente antiequitativo» resumió el conselleiro Román Rodríguez. Lo apoyan sindicatos como Anpe, cuyo portavoz Julio Díaz indicó a este medio que «este café para todos solo sirve para perjudicar la educación pública ». En su opinión, la medida apoyada por la ministra solo trata de «blanquear las cifras de fracaso escolar» y lanza al alumnado un peligroso mensaje, el de que «ya pueden desconectar de su educación». Algo, revela, que ya sucedió «incluso con alumnos con muy buenas notas» al final del pasado curso. Coincidentes a la hora de mantener unos criterios mínimos en la Comunidad gallega, desde Anpe piden «un debate serio y sereno» que contribuya a aclarar el conflicto. «Si no, daremos un paso atrás muy difícil de remontar» auguran.

Sus palabras no son compartidas, dentro de su propio gremio, por el sindicato CIG que apela a la «excepcionalidad» del momento y defiende dejar los criterios de promoción en manos de los profesores y sin baremos mínimos como el número de materias suspensas. Asumen que el profesorado que está con el alumno cuenta las herramientas para saber si debe promocionar. La central sostienen así la necesidad de una libertad docente que la pata académica de este conflicto también respalda. En una conversación con ABC, la decana de Ciencias de la Educación de la USC, Carmen Fernández, aseguró que la norma planteada por el ministerio era «precisa» y aplaudió que la capacidad de evaluar a los alumnos se traslade a los claustros y a los docentes. « Los estándares están comprimiendo la capacidad evaluadora de los equipos , por lo que entendemos esta libertad como una medida positiva», señala. En su argumentación, la decana resalta que estas evaluaciones se podrán realizar ahora «con una visión global» que determine si el alumno «cumple con los objetivos generales de la etapa, más allá de si responde a los estándares de cada materia de forma individual». A favor de una educación «más competencial y menos memorística» , Fernández niega que esta flexibilización vaya a generar desigualdades entre estudiantes —una de las críticas más extendidas al decreto— porque, subraya, «a nadie le cabe en la cabeza que alguien lo use para pasar a un alumno de curso sin motivo».

Y es en este punto donde la cuarta pata en esta polémica, los padres, discrepan. Según el portavoz de la Confederación galega de Anpas (Confapa), Rogelio Carballo, «lo que plantea Celaá es irresponsable porque deja los criterios a la libre interpretación de las comunidades y de los claustros y eso destruye la igualdad de oportunidades ». Sin embargo, Carballo no es partidario de que la Xunta se descuelgue y mantengan los estándares actuales. «Hace años que se debería haber cambiado el sistema de evaluación. Compartimos lo que dice la Xunta, pero no compartimos la forma. Creemos que se debe llegar hasta el último recurso» para tumbar el decreto y que no se dé pie a desigualdades entre comunidades, por ejemplo, a la hora de competir por una plaza universitaria, reclaman.

Con el curso recién estrenado y nueves meses por delante, el único punto en el que todos los sectores involucrados coinciden es en el riesgo de que el mensaje de que podrán pasar de curso suspendiendo cale en los alumnos, en el centro del debate, y afecte a su motivación. «Eso no nos lo podemos permitir» convienen.