Profesores gallegos batallan en los tribunales para escribir en español los informes y actas de sus centros

Emilio Álvarez Cid, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, es el que más lejos ha llegado. Hace casi un lustro, la dirección del centro y la inspección educativa exigieron a Álvarez redactar en gallego todos estos escritos. Para el docente, esto no solo fue «un atropello» a sus derechos, sino también la «proscripción» del español esta comunidad.

De la mano de la asociación Hablamos Español, este profesor ha llegado ahora hasta el Tribunal Supremo, tras varios portazos de la Xunta, la Justicia –al menos por ahora– y la Valedora do Pobo –la defensora del pueblo gallega–. Las respuestas a sus reclamaciones han tenido un denominador común : todas se remiten a un decreto autonómico de 2010 que señala que las actas, los anuncios y los comunicados deben hacerse «con carácter general» en gallego y el uso del castellano habría de ser «excepcional» y «justificado». Los inspectores recordaban también al docente que, «en caso de incumplimiento», podrían adoptarse las «medidas correctoras que sean necesarias» . Los denunciantes lo entienden como una amenaza.

 La Valedora do Pobo avaló, en su contestación al docente, que, más allá de la libertad de idioma, puede haber «normativas sectoriales» que determinen «el uso preferente o incluso general   de una de las lenguas». Y en la línea de lo concluido por la Consellería de Educación de la Xunta, considera que «no puede entenderse como una restricción de los derechos del personal docente» el hecho de que se prevea el uso del gallego «con carácter general» en las comunicaciones de los centros.

 El TSXG, contra cuyo fallo recurre ahora Álvarez, tampoco le dio la razón y recordó que el mismo tribunal ya se había pronunciado sobre dicho decreto, que «en lo sustancial» coincide con otro anterior, de 2007. La sentencia del Tribunal Superior, consultada por este diario, sí que recuerda que «cualquier empleo tendencioso» en la interpretación del decreto podría tener tener una contestación. En todo caso, el tribunal rechazó el recurso del profesor.

El asunto llega ahora al Supremo, una vez que el abogado del docente ya ha avisado al tribunal de que recurrirá en casación. Considera que ese decreto autonómico, del que además cree que la Xunta hace un uso abusivo, contraviene la Constitución en aspectos sobre cooficialidad y discriminación lingüística. A su juicio, vulneraría el artículo 3 de la Carta Magna, que en su punto primero dice que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Pero también, a criterio del denunciante, contraviene el Estatuto de Autonomía de Galicia, que establece que el gallego y el castellano «son idiomas oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos «. Y añade el Estatuto autonómico que »los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas«. Otros cinco profesores, entre ellos Fernando Arenas y Miguel Francisco Moreno, siguen la estela de Emilio Álvarez en los tribunales.