La primera pieza del «caso Pokemon» llega a juicio

En su escrito, el Ministerio Público (de acuerdo con la investigación realizada por De Lara) acusa a Liñares de «aprovecharse de su cargo» tanto en la Confederación como en el Ayuntamiento de Lugo (del que fue uno de los concejales más relevantes en la última etapa de Orozco) para «personalmente, o a través de terceras personas» tejer «una red de intereses económicos concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades» a cambio «de sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio». En el juicio que empieza el martes solo se someterá a escrutinio su etapa en la CHMS , que presidió entre el 1 de enero de 2009 y el 29 de febrero de 2012.

«Utilizando el procedimiento de adjudicación negociado –permitido por la Ley de Contratos del Sector Público–, Liñares convino con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas previamente seleccionadas según lo convenido» entre él y los empresarios, que «de antemano» conocían quiénes serían los adjudicatarios, «turnándose los concurrentes para presentar en otros casos el precio más bajo». Así ganaban todos.

Por cada contrato, la Fiscalía denuncia una supuesta mordida para Liñares: 18.000 euros «en tres o cuatro entregas» de Carpintería Metálica Gayoso; 20.000 euros en idéntica frecuencia procedentes de Construcciones Sanle; «entre 25 y 30.000 euros» de Portosar Galicia; «entre 30.000 y 35.000 euros» de Modega SL; 25.000 euros de Forestación Curro; 15.000 euros de Agrotecnia; «entre 15 y 20.000 euros de Anchelergues y Asociados y 15.000 euros de Hermanos Pico Yáñez». El dinero recibido por Fernández Liñares «en concepto de soborno por la adjudicación de las obras fue destinado por él mismo a sus actividades empresariales , fundamentalmente la adquisición de inmuebles y la participación en sociedades mercantiles».

El relato de las andanzas de Liñares deja también hueco para lo procaz. A una empresa de ingeniería le exigió que pusieran a su servicio un vehículo para su uso personal, con un chófer que él mismo eligió. Eso, a pesar de que disponía de coche oficial como presidente de la CHMS. «Cuando no estaba ocupado como conductor, en alguna ocasión [el chófer] realizó trabajos en la finca de Liñares , situación que aceptaba» ya que había sido contratado a dedo por este. La discrecionalidad en el uso del vehículo llegó hasta el punto que «en la Semana Santa de 2011, Liñares ordenó al conductor transportar hasta Lérida una partida de angulas como obsequio a un alto cargo del Ministerio».

La figura de Fernández Liñares es capital para entender todo el entramado 'Pokemon' instruido durante años por la juez Pilar de Lara , titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo hasta que su mal desempeño al frente del mismo le acarreó una sanción muy grave del CPGJ y la pérdida de su plaza. Con Liñares, De Lara tuvo conocimiento de los amaños para el contrato de la grúa de Lugo y de las artes del grupo Vendex para lograr adjudicaciones en otros concellos gallegos. Esta, la pieza central de 'Pokemon' (que también abarca el presunto blanqueo por parte de Liñares de las mordidas obtenidas), no ha finalizado su instrucción, más de una década después del inicio de las pesquisas judiciales. Tirando del hilo, la juez llegó también a Aquagest y sus presuntas prácticas irregulares para, igualmente, recibir contratos municipales. Esta pieza tampoco ha rematado su fase de instrucción. La causa que se juzga desde mañana y hasta el viernes remató su formación hace tres años, aunque en esta ocasión el retraso en llegar a vista oral no es imputable a Pilar de Lara, sino a diversos trámites procesales decididos por la Audiencia.

Por su parte, la defensa solicitará en las cuestiones previas del juicio la nulidad de la confesión de Fernández Liñares a los agentes de Vigilancia Aduanera (SVA), sobre la que se construyó buena parte de la investigación. La confesión no se produjo en sede judicial ante De Lara, sino a las 22.15 horas del 21 de septiembre de 2012 en un bar de Santa Comba, cuando el acusado regresaba a Lugo con los agentes del SVA tras practicarse un registro en una vivienda suya en Dumbría. «Sin presencia letrada, sin ningún tipo de garantías, sin ningún tipo de lectura de derechos, le toman declaración, bajo una presión impropia de un estado de derecho» , sostiene su abogado, Evaristo Nogueira, en su escrito de defensa, que resalta el hecho de que Liñares llevara detenido «desde las 8.15 del día anterior». Estas declaraciones del principal investigado fueron posteriormente ratificadas en sede judicial.

Sin embargo, para Nogueira «al ser nulas las declaraciones prestadas por mi representado, deben ser nulas todas las que de ellas se deriven» . Liñares cantó ante la juez hasta cuatro veces, pero todo lo que le contó «está viciado» y, por tanto, no sería válido. Cuando declaró por primera vez el 24 de septiembre de 2012 llevaba cuatro días detenido, y de ahí fue enviado por De Lara a la prisión de manera preventiva, de donde salió el 8 de enero de 2013 tras anular el encarcelamiento la Audiencia Provincial. Es en ese periodo de prisión preventiva cuando se producen sus declaraciones. «No es igual prestar declaración en situación de libertad que privado de ella», resume su defensa. «La prueba en el proceso penal no puede ser obtenida a cualquier precio», y por tanto, «no pueden surtir efecto aquellas diligencias practicadas violando los derechos fundamentales de los que goza cualquier investigado».

«Que en este procedimiento se han vulnerado derechos constitucionales no cabe la menor duda» , añade Nogueira, «estamos pues ante un procedimiento viciado, con vulneración de garantías procesales, con una dilación incomprensible, con una legitimación de intervención de vigilancia Aduanera más que discutible, con una instrucción llena de irregularidades». Como conclusión, solicita la absolución de Liñares por «no haber cometido ningún ilícito penal».

La reclamación de la defensa será un nuevo test para la Sección Segunda de la Audiencia de Lugo, que en los últimos meses ha tumbado el grueso de las instrucciones llevadas a cabo por Pilar de Lara , bien por su carácter prospectivo, bien por vicios formales. El último ejemplo fue el caso Garañón , que enterraron antes siquiera de que llegara a juicio por falta de indicios. El escrúpulo de los magistrados con las formas de la controvertida juez, hoy destinada en Ponferrada, decidirá el curso de la vista oral, la primera del laberinto 'Pokemon'.