El precario final de Resistencia Galega

Fue el 20 de julio del 2005 cuando la extinta AMI publicó en Internet un texto titulado «Manifesto pola Resistencia Galega». El documento, lanzado a través de una web brasileña, se refería por vez primera a una «resistencia galega ilegal», heredera del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (disuelto en 1995) y defensora de la lucha armada como medio para lograr la «independencia» de Galicia . En el anonimato hasta ese momento, Resistencia Galega empezó a ocupar a los agentes dedicados a la lucha antiterrorista cuando tres días después de la publicación de este texto una bomba reventó un céntrico cajero en la capital gallega. Este primer atentado se saldó sin heridos, pero los daños materiales fueron cuantiosos y la preocupación ciudadana y policial se disparó. Como consecuencia de las investigaciones puestas en marcha en el entorno de la banda, dos jóvenes ligados a AMI fueron detenidos.

Tan solo unos meses después, el trabajo de los investigadores para impedir que la actividad de RG fuese a más dio sus primeros frutos y once personas fueron detenidas en el marco de la ya mítica «Operación Castiñeiras» . La causa se archivó, pero uno de los arrestados buscó refugio en la clandestinidad. Se trata de Antom García Matos, alias «Toninho», fundador y líder de Resistencia Galega junto a su pareja, Asunción Losada Camba. Siempre desde la sombra, los líderes de Resistencia movieron los hilos de la banda a su antojo gracias al apoyo económico y logístico que le proporcionaban el resto de integrantes y sus afines. Fuentes policiales consultadas apuntan a que Resistencia nunca superó el medio centenar de miembros activos , que fueron cayendo por la falta de experiencia y unión, y la presión policial a la que se acabaron viendo sometidos. Los blancos de esta organización, muy activa en sus primeros años, fueron las sedes de los principales partidos políticos, oficinas del Inem, cajeros, entidades bancarias, constructoras e incluso ayuntamientos. Tampoco escaparon a su violencia las viviendas de algunos catedráticos, empresarios y políticos, caso de la residencia en Perbes de Manuel Fraga en 2011. Estas acciones nunca llegaron a provocar daños humanos, pero la Fiscalía elevó la voz en 2010 y Guardia Civil y Policía crearon grupos específicos con agentes llegados de la lucha armada en el País Vasco . El objetivo estaba claro, pararlos antes de que sus reivindicaciones se cobrasen alguna vida.

En la diana de los agentes ha estado siempre dar con el paradero de los líderes de Resistencia, una pareja de mediana edad con una preparación en lo tocante a la fabricación de explosivos muy superior a la de sus seguidores. «Está comprobada la colaboración de gente de Jarrai, el movimiento juvenil más agresivo de ETA, y gente pro Palestina que les daban cursillos en la zona de Monforte y Cangas do Morrazo», explicó a ABC en su día un agente de la Guardia Civil experto en terrorismo. Sin embargo, las manos encargadas de materializar los atentados que García y Losada ideaban en la clandestinidad no contaban con la misma pericia. Esta inexperiencia explica fallos como el del temporizador del atentado de 2014 en el Ayuntamiento de Baralla, uno de los más violentos de la historia de la banda y en el que los investigadores detectaron un alarmante salto cualitativo con el uso de cinco kilos de pólvora prensada. Pocos días después, varios zulos en los que RG escondía los explosivos fueron localizados y la nómina de detenidos de la organización se engrosó.

A este importante varapalo le siguieron varios envites policiales más en los últimos años, como los diez detenidos en la «Operación Jaro» llevada a cabo en 2015, un importante mazazo al aparato financiero de la banda, o el arresto de Héctor Naya cuando trataba de escapar a Venezuela. La puntilla la pusieron las sentencias que, con cuentagotas, fue dictando la Audiencia Nacional. En total, siete jóvenes fueron condenados y encarcelados en los últimos años en alguna prisión española por su relación con la banda . Uno de ellos, Xurxo Rodríguez, se arrepintió y confesó ante el tribunal de la Audiencia Provincial, lo que le proporcionó beneficios penitenciarios. El resto cumplen penas de hasta trece años.

En estado latente, aunque sin actividad, la última operación contra RG antes de la detención de su cúpula tuvo lugar el 21 de junio de 2017, cuando la Guardia Civil detuvo en varias localidades gallegas a tres personas que dirigían un entramado de enaltecimiento de la organización. Fuentes próximas reconocen que el entorno de la banda siempre ha estado «vigilado», con el control de direcciones IP y el seguimiento de afines e incluso familiares. Una carrera de fondo contra la violencia y el terrorismo que, quince años después de nacimiento de la organización armada, contribuyó a escribir su epílogo. El de una banda armada sentenciada, que nunca llegó a derramar sangre, pero que sí puso en riesgo la vida de decenas de ciudadanos gallegos .