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RESPUESTA A LA SENTENCIA DEL «PROCÉS»

El BNG se pliega al independentismo catalán y ataca el fallo del Supremo

Feijóo se felicita por el ejercicio de «normalidad democrática» y pondera que «si un político la hace, la paga». El PP y el PSOE expresan su «respeto» a la decisión judicial frente a las críticas del rupturismo, que ya habla de indultos

Última hora en Cataluña, nueva jornada de manifestaciones en Barcelona, en directo

Pablo Pazos

El BNG se retrató este lunes sin disimulo al asumir plenamente las tesis del independentismo catalán y reaccionar a la sentencia que fija las penas para los líderes del «procés» desde una posición de confrontación rotunda y frontal, expresando su «absoluto rechazo» a la decisión adoptada por unanimidad por los magistrados del Tribunal Supremo. El Bloque no se paró en barras y, mediante un comunicado suscrito por su ejecutiva nacional, arremetió contra el estamento judicial mediante una ristra de descalificaciones que ponen en tela de juicio —valga la redundancia— la independencia y solvencia de los jueces y del proceso que afrontaron Oriol Junqueras y compañía. De un lado, el BNG tachó la sentencia de «injusta y desproporcionada», «fruto de un juicio político» , y de otro, aseguró que los políticos que capitanearon el desafío secesionista estaban «sentenciados antes de comenzar», pues no gozaron, a ojos de la formación que lidera Ana Pontón, de «un juicio justo, imparcial ni desarrollado con las mínimas garantías». Las filtraciones a la prensa del pasado fin de semana le han servido al Bloque para abonar esta teoría de la conspiración que firmaría el mismísimo Carles Puigdemont.

Para el Bloque, plegado sin ambages a las tesis independentistas, el «único delito» que cometieron quienes conocieron ayer sus condenas consistió en « defender, por vías pacíficas y democráticas, el derecho del pueblo catalán a decidir libremente su futuro ». De ahí que les trasladaran su «apoyo y solidaridad» ante una sentencia en la que, además de las descalificaciones vertidas, ven «la enésima demostración del proceso de profunda involución democrática» que consideran que se da en España, donde los nacionalistas gallegos entienden que «el Estado pretende mantener un statu quo que niega la existencia de voluntad política propia en cada uno de los pueblos que lo integran». Pero no se quedaron ahí y reclamaron « una rectificación política al nuevo Gobierno español que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre», además de alentar a la contestación en la calle con movilizaciones en varias localidades (convocadas por la plataforma Galiza con Catalunya, en la que se integra el BNG), que fueron secundadas por la tarde por varios centenares de personas, según Ep.

Pontón dio recorrido a este posicionamiento en una comparecencia matutina en la que repasó los puntos del comunicado y puso rostro al rechazo a la sentencia que, proclamó, «representa un profundo error desde el punto de vista político». La líder nacionalista expresó que «votar no puede ser delito» e, incidiendo en la misma dialéctica, se saltó intencionadamente la separación de poderes para apuntar que la solución debe llegar por «la vía del diálogo», y «no desde luego por la vía judicial ni policial». Mostró menos concreción cuando llegó el turno de las preguntas y no quiso apuntar directamente al indulto como la «rectificación» por la que aboga su partido, porque existen «muchas fórmulas», de la misma manera que rechazó adelantar si supondría una línea roja ante un hipotético apoyo al futuro Gobierno, recogió Ep.

«Nadie tiene privilegios»

Desde una posición diametralmente opuesta, Alberto Núñez Feijóo ponderó que « los políticos no pueden quedar impunes a la ley »; al contrario, «si delinquen, son condenados». Para el presidente de la Xunta, la sentencia «nos reconcilia con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley», al refrendar que «si un político la hace, la paga», pues «no tiene más derechos que un ciudadano».

En declaraciones a los medios, Feijóo hizo hincapié en la «unanimidad» de una sentencia que —más allá de que «podrá gustar más a unos» que a otros y parecer «muy dura» o «menos dura» según los casos— « cualquier demócrata ha de acatar, los primeros (...) los condenados », e insistió en que es un «aviso muy claro de que no hay ciudadanos de primera o de segunda». «Las comunidades autónomas tienen que ajustarse al estado de derecho», recordó. Para el jefe del ejecutivo gallego, «estaba claro que los actos punibles deben someterse al Estado de Derecho» y éste ha «hablado».

A partir de ahí, « demos ejemplo de normalidad democrática y nos felicitemos porque España sea un país donde nadie tiene privilegios ni más derechos», invocó. «Un presidente autonómico», incidió, «es una persona que no puede ni incumplir la Constitución ni el Estatuto de Autonomía ni está por encima del Código Penal». «Lo que debemos hacer todos es mandar un mensaje de tranquilidad, sosiego y normalidad. Hay una sentencia del TS y además por unanimidad. No es posible un escenario de mayor normalidad democrática y mayor amparo al poder judicial. Unánimemente nos debemos felicitar y debemos exigir que se cumpla», cerró Feijóo.

Discrepancias

Desde el Grupo Popular en el Parlamento, su portavoz Pedro Puy expresó el «máximo respeto a los tribunales» y recordó que, a partir de la «separación de poderes» que disgusta a otros partidos, toca «acatar» la sentencia, que viene a plasmar que «en un Estado de Derecho, nadie puede ir contra la ley, y quien va contra la ley asume su responsabilidad siendo enjuiciado por un tribunal independiente».

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, manifestó igualmente su «respeto» a la sentencia y llamó a limitar los extremismos «que pueden estar fuera del cumplimiento de la ley», si bien abogó por mantener «canales de diálogo» que permitan alcanzar «soluciones políticas» , según Efe. Más a la izquierda, no fue el magistrado en excedencia Luís Villares quien ofreció una valoración que habría resultado de especial interés, sino Pancho Casal quien actuó de altavoz de En Marea para señalar que «ninguna sentencia va a solucionar un problema político» y dejar caer que, quien lo piense, «o no quiere solucionar el asunto o quiere sacar réditos políticos partidistas». Para Luca Chao (Grupo Común da Esquerda), «que la gente esté en la cárcel no va a resolver el problema», por lo que llamó a valorar posibles indultos, informó Efe.

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