Piden un «frente común» para elevar el aporte estatal para la dependencia

El avance en el despliegue del sistema de atención a la dependencia, ha concedido esta mañana la responsable de Emprego e Previsión Social de CCOO-Galicia, Maica Bouza, es «innegable» a la vista de las estadísticas , si bien, ha añadido, la mera existencia de más de once mil personas en espera once años después de la entrada en vigor de la ley habla por sí misma de una implantación todavía incompleta, lastrada, ha subrayado, por los recortes aplicados al sistema durante la crisis. En este punto, la representante sindical hace hincapié en la insuficiencia de la financiación mínima a cargo de la Administración General del Estado y en la supresión desde 2012 del denominado nivel acordado, con el que el Gobierno central, a través de conciertos con las autonomías, incrementaba su participación en la financiación de esta ley. «Quienes están aportando recursos al sistema son las comunidades autónomas» , ha incidido Bouza, cifrando en un 25-75 la distribución del esfuerzo entre Estado y Xunta, lejos del 50-50 regulado en la ley de 2006. Y la situación, ha dicho, no ofrece razones para la esperanza a la vista del proyecto de Presupuestos Generales del Estado: 44 de los 46 millones de incremento presentados para la dependencia, ha sostenido Bouza, provienen de fondos no ejecutados el pasado ejercicio .

Por todo ello, la representante de CCOO ha planteado la necesidad de constituir en Galicia una comisión de seguimiento desde la que poder hacer «un frente común» para exigir que el Estado cumpla con su 50% de financiación , y en la que analizar funciones propias de la Administración autonómica, entre las que ha urgido el reconocimiento de las competencias profesionales a cuidadores informales.

Bouza ha considerado asimismo necesario «encender una luz de alarma» ante el proporcionalmente menor número de solicitantes gallegos . Pese a su elevado nivel de envejecimiento (alrededor de 240.000 personas con más de 80 años residen en la Comunidad) y de contar con cerca de 300.000 personas en situación de discapacidad, Galicia, ha precisdo, es la tercera autonomía con menor ratio de solicitantes de apoyos a la dependencia. Como posibles causas, ha apuntado el desconocimiento social de las ayudas disponibles, una cultura arraigada de cuidados en la familia y los largos periodos de tramitación como factor que desincentiva a los usuarios potenciales .

Una década después de la entrada en vigor de la ley y en un escenario de recuperación, Bouza ha considerado llegado el momento de «devolver a la sociedad los sacrificios impuestos por los recortes» , reforzando la financiación y revisando los copagos impuestos a los usuarios.