AGE pide que se revelen los nombres de las maltratadas que reciben ayudas

Pero como en cualquier debate en el que entran en conflicto los derechos a la información y a la intimidad, la redacción inicial de la nueva norma autonómica contempla excepciones en casos puntuales para la publicación de ciertas cuestiones. Concretamente, en el artículo 16.3 del borrador llevado al Parlamento se recoge que de las subvenciones o ayudas se deberá publicar el texto íntegro, así como las personas o entidades que las reciban , mas se explicitan como excepciones aquellos casos en los que «la publicación de los datos de la beneficiaria sea contraria al respeto o la salvaguardia del honor o la intimidad personal y familiar».

En virtud de esto, quedarían eximidos de que saliesen a la luz los nombres, por ejemplo, de mujeres beneficiarias de ayudas por violencia de género o perceptores de la Renda de inclusión social de Galicia (Risga), para evitar problemas de visibilización indeseada de su situación personal. Y así seguirá siendo si no prospera la enmienda a Ley presentada por el grupo de AGE. En ella, los diputados encabezados por Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz solicitan que el punto original sea sustituido por otro que reza que «el interés general de la ciudadanía, cuya tributación permite disponer de las subvenciones, impide cualquier exclusión o secreto». Además, prosigue proclamando que la gestión del dinero público «no permite zonas de opacidad, que son el humus de las corrupciones» .

De este modo, y teniendo en cuenta que la legislación gallega permite percibir ayudas por violencia de género a mujeres que puedan acreditarla , —aún sin la necesidad de haber presentado previamente una denuncia contra su agresor— con la propuesta de AGE se haría pública de cualquier manera la situación de estas víctimas.

No es la primera ocasión en la que el grupo rupturista propone una enmienda cargada de polémica a un texto presentado recientemente en sede parlamentaria. Fue en junio de este mismo año, y también en el marco de estas medidas de prevención de la corrupción. Como publicó en su día ABC, los diputados de izquierda radical habían reclamado una modificación en la ley que regula la financiación de los partidos políticos por la que pedían que se levantase el veto para la recepción de subvenciones a aquellos que albergasen en sus filas «a personas condenadas en sentencia por delitos de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado» .

La propuesta de AGE también afectaba a formaciones que «incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos» , de modo que lo que reclamaban los rupturistas era que estas organizaciones sí pudiesen optar a los fondos públicos.