Los okupas se hacen fuertes en Galicia

Ante una problemática que se antoja creciente en comparación con las cifras del año pasado (79 denuncias en el primer semestre de 2020 frente a las 59 de 2019), el sector inmobiliario lleva meses instando a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto . Reclaman una instrucción similar a la redactada por otras comunidades, como Baleares, en una semana en la que la Fiscal General del Estado ha anunciado su intención de unificar criterios para revisar y presumiblemente endurecer los textos que regulan los desalojos.

«Habrá que ver cuánto tarda en hacerse y qué cambios contempla. Lo que está claro es que la actual ley de desahucios de 2018 no funciona, porque pueden pasar meses hasta que se produce esa desocupación , y cuando el propietario finalmente la recupera la encuentra totalmente desvalijada y con un daño material enorme del que nadie se hace cargo», apunta Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Esto se debe, explica, a que la usurpación es un delito civil, no penal, cuya sanción consiste en una multa de entre tres y seis meses que nunca llega a cobrarse porque los okupas suelen ser insolventes.

Aunque las autoridades apenas desvelan información al respecto, Iglesias destaca que el perfil actual de okupa no tiene nada que ver con el que proliferaba en los años más duros de la crisis . Mientras que entonces se trataba de familias desahuciadas por impago y sin alternativa habitacional debido al desbordamiento de los servicios sociales, ahora muchas veces son «mafias que utilizan a toxicómanos, delincuentes de baja estopa y personas que se mueven en la marginalidad».

El presidente de la patronal inmobiliaria gallega pone como ejemplo el caso de Vigo, donde hace dos semanas se conoció que un grupo había entrado en un edificio de seis plantas abandonado, provocando todo tipo de molestias a los vecinos y r ealquilando las habitaciones a personas sintecho. «Es una situación dantesca a la que hemos llegado», denuncia, resaltando también aquellos casos en que los okupas tratan de empadronarse para cobrar ayudas sociales.

Iglesias, que estima en alrededor de 400 el número de viviendas actualmente okupadas en Galicia , recuerda que la mayoría son pisos vacíos de entidades bancarias, que por lo general no suelen molestarse en hacerse cargo de ellas. «E l problema no es que ocupen una propiedad que al fin y al cabo es suya y están por tanto en su derecho de decidir si actúan o no; el problema es la conflictividad que genera. Esto hace que el barrio en cuestión pierda valor y se denigre al convertirse en un foco de problemas, delincuencia y acoso, pero también que los negocios del entorno pierdan facturación», apunta. Por ello, emplaza a los bancos a reflexionar al respecto: «¿De verdad os compensa no preocuparos de acudir a la justicia y tratar así de evitar que esa casa pierda valor?».

A pesar todo, la cuestión de fondo resulta inevitable: ¿por qué Galicia ha pasado a encabezar el aumento de denuncias del último semestre? El presidente de la patronal admite que se trata de una pregunta difícil de dar respuesta, pero aventura que puede deberse al clima de «impunidad» que, asegura, impera en relación con otras comunidades con instrucciones más duras. «Tal vez la hayan visto como una perita en dulce, donde hasta ahora apenas había ningún tipo de presión social y donde podían ocupar sin que nadie les molestase demasiado», teoriza.