Ocho empresarios relatan el pago de comisiones a Fernández Liñares, y este lo niega todo

El testimonio prestado por ocho de los diez empresarios encausados en el juicio viene condicionado por el acuerdo previo de conformidad alcanzado con la Fiscalía . De hecho, José Gayoso Varela, Manuel Santiso, José Manuel Río, Antonio Díaz Pérez, José Daniel Fernández, Manuel Álvarez, Javier Marcos Anchelergues y Manuel Ángel Pico solo contestaron a preguntas del Ministerio Público, para entre unos y otros ir configurando el relato acusatorio. De acuerdo con este, Liñares avisaba a unos u a otros cuando la Confederación iba a licitar a sacar alguna obra a concurso a través del procedimiento negociado, que requiere la concurrencia de tres ofertas. Aquel a quien se avisaba ya sabía que iba a ser adjudicatario de la misma, y podía buscar por su cuenta a otras dos empresas «para hacer bulto» o en ocasiones ya les venían dadas por la CHMS y se ahorraba el trámite. Antes de que se realizara la adjudicación, Liñares les pedía una cantidad que podría oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros por obra, y que cobraba con anterioridad a que se oficializara la concesión de la obra a la empresa.

La casuística para la entrega del dinero era diversa. Gayoso Varela afirmó en el plenario que Liñares le pidió el dinero «porque un amigo lo necesitaba, y me dijo si podía darle algo». Manuel Ángel Pico, que conocía al principal acusado por ser ambos militantes socialistas y coincidir en actos del partido en Lugo, lo hizo «porque me dijo que tenía muchos gastos». Santiso aseveró que el sobre con los billetes lo aportó «como detalle o agradecimiento por las obras en un momento muy difícil para su empresa». «Oiga, un detalle es una caja de bombones o una caja de vino», replicó el fiscal sorprendido. «Liñares me pidió el dinero expresamente», afirmó taxativo José Daniel Fernández, «si no, no me daba la obra». Este, incluso, «como gratificación», le plantó varios centenares de árboles en una finca que Liñares tenía en Monterroso, aunque acusado y fiscal no se pusieron de acuerdo en si eran 600 o 10.000.

La voz discordante entre los empresarios fue Julio Franco Criado, que pese a reconocer una amistad con Liñares, negó haber concertado con ninguna otra contrata precios en los procesos de licitación, haber pagado mordidas o que se le hubieran pedido en ningún momento. Y los trabajos fitosanitarios que realizó en propiedades del presidente de la CHMS fueron abonados contra factura y no como regalía de ningún tipo.

Intervino el último en la primera sesión del juicio por expreso deseo de la Fiscalía, y no defraudó. Francisco Fernández Liñares , exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se hizo una enmienda a todo lo dicho por él mismo en la fase de instrucción que dirigió la juez Pilar de Lara . En contra de lo manifestado por el resto de acusados, rechazó de manera «absoluta» haber cobrado dinero por adjudicar obras desde el organismo, porque «en mi despacho no había nunca expedientes de contrataciones de obras». Liñares explicó, en su calidad de primer presidente de la Confederación, cómo puso en marcha la organización administrativa de la misma, y entre sus decisiones «a modo de garantía», destacó la incorporación «del abogado del Estado en la provincia y al interventor de Hacienda» en las mesas de contratación. Acto seguido, no obstante, reconoció que de todas las obras bajo sospecha solo una pasó por esa mesa, ya que el resto fueron procedimientos negociados.

Respecto a los documentos manuscritos atribuidos a él por los investigadores en los que se reflejaban las presuntas irregularidades cometidas y que fueron hallados en los registros de su domicilio, aseguró que eran «fotocopias de fotocopias» y «en la mayoría no reconozco mi letra». E invirtió el relato para responsabilizar a las empresas de concertar entre ellas los precios en las ofertas que se presentaban a licitación. «No me extraña que las empresas tuvieran acuerdos previos» , manifestó a preguntas de su abogado, Evaristo Nogueira, «es una derivada de la publicidad que hay que darle» a los proyectos de obra «de acuerdo con la legislación contractual. Luego nos encontramos con cosas como estas, que hay empresas que tienen conocimientos de cosas que no debieran».

El problema de Liñares es que, en el comienzo de la instrucción, confesó. Cantó todo, en ocasiones de su puño y letra, con nombres, apellidos y cantidades. Y la primera vez fue en un bar de Santa Comba ante los agentes de Vigilancia Aduanera a la vuelta de un registro en un domicilio suyo en Dumbría. «Es verdad que declaré lo que declaré», reconoció, «pero me encontraba mal» fruto de «presiones recurrentes y continuas» de los investigadores, a los que llegó a acusar de amenazarle con «tirarle la casa». La Fiscalía reiteró al comienzo de la vista su disposición a que declaren en calidad de testigos los agentes de Aduanas implicados en la declaración de Liñares en Santa Comba.

No todo fueron malas noticias para Fernández Liñares. En el trámite de cuestiones previas, su abogado consiguió que el tribunal aceptase declarar nulas sus cuatro declaraciones en sede judicial ante Pilar de Lara, realizadas durante las semanas que estuvo en prisión provisional, una privación de libertad que la Audiencia Provincial acabaría por rescindir al considerarla fruto de un «exceso de detención». «Es que no todo vale», manifestó categórico Evaristo Nogueira , «hay líneas rojas que no se pueden traspasar», que realizó una dura crítica a los modos de instrucción de Pilar de Lara, a la que sin embargo no citó. «No es una crítica personal», aclaró, «sino jurídica». En su opinión, «no es lo mismo declarar en situación de libertad que en una situación de no libertad», y rogó al tribunal «que sea garantista» con el respeto «a derechos que se antojan fundamentales».

La pretensión de la defensa de Liñares era, derivada de la nulidad de las declaraciones en sede judicial, que decayeran igualmente todas las diligencias que se adoptaran en consecuencia, siguiendo la doctrina del fruto del árbol envenenado. Tras retirarse a deliberar, el presidente del tribunal, Edgar Cloos, aceptaba las alegaciones del abogado y decretaba «la nulidad de las declaraciones realizadas por el señor Liñares a partir del 23 de septiembre de 2012» y, por tanto, «las actuaciones procesales que se deriven directamente de esas declaraciones». No obstante, «no son nulas las actuaciones previas» a ese día, como por su parte reclamó la fiscalía. «Esas declaraciones no son de dónde surge la investigación —subrayó el ministerio público— había actuaciones en marcha en las que ya se realizaron intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, testigos, se practicaron registros». Ahora habrá que ver si queda material en el sumario para sostener las acusaciones. Un defecto de forma por parte de Pilar de Lara deja en el alambre esta primera pieza separada de la «operación Pokemon».