Las obras de la Ciudad de la Justicia de Vigo arrancarán en mayo

Además, el titular del gobierno autonómico, quien explicó a los medios de comunicación la evolución del proyecto junto al arquitecto encargado de la obra, Alfonso Penela, resaltó que el 80% de las alegaciones y peticiones de mejora respecto al proyecto inicial, que han sido formuladas por los futuros usuarios del edificio, estarán incluidas en el planteamiento final de la obra arquitectónica. «Nadie mejor que los usuarios directos del edificio para decirnos qué tipo de proyecto debemos redactar para que sea un edificio útil y que cumpla su función», destacó Rueda.

Por su parte, el arquitecto de la obra resaltó la cordura con la que se está llevando a cabo el proyecto. «Me está pareciendo ejemplar cómo se está llevando a cabo todo el proceso. Estamos cumpliendo todos los plazos previstos y con respecto a las demandas, en general me han parecido sensatas. La colaboración de toda la gente implicada en la vida del edificio a mí lo que me aporta es la seguridad de que no nos vamos a equivocar y que la gente cuando lo habite ya lo tendrá interiorizado. En mayo empezaremos ya a construir derribando, que es otra manera de construir», señaló el creador del proyecto.

El gobierno municipal de Vigo expresó también ayer su apoyo «total e inequívoco» al proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital Xeral para convertirlo en nueva sede de los juzgados de la ciudad, y ha expresado su esperanza de que «se cumplan los plazos».

El edificio que acogerá la Ciudad de la Justicia en Vigo recibió ayer también la visita del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien dio en la ciudad una conferencia sobre las implicaciones del funcionamiento de la administración de justicia en la economía. Lesmes defendió que la riqueza de una región «no viene marcada por la población, extensión territorial ni riquezas naturales, sino que el factor esencial de la riqueza es la fortaleza institucional». En este sentido, resaltó la necesidad reformar el actual modelo de organización territorial, así como modernizar la Justicia, incrementar el gasto «de forma racional», y «cuidar» la calidad de los jueces.