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MIGUEL ÁNGEL CADENAS, PRESIDENTE SALIENTE DEL TSXG

«Ningún juez es imprescindible»

Tras una década al frente del TSXG se jubila y hace balance de su etapa, con la sanción a Pilar de Lara al fondo

Miguel Ángel Cadenas posa para ABC en una de las salas del Tribunal Superior ABC
José Luis Jiménez

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Confiesa Miguel Ángel Cadenas (Orense, 1947) que ya queda «poco» de aquel joven que hace 45 años debutó como juez de primera instancia en el Barco de Valdeorras. «Llegabas expectante, luego la vida te va formando», reflexiona. Ahora, tras una carrera de casi medio siglo dedicada a la Justicia —la mitad de ella como magistrado del Tribunal Superior— cuelga la toga.

—En perspectiva, ¿la justicia está mejor o peor que cuando empezó?

—Está distinta. Son situaciones no comparables. Entonces éramos menos, mayoritariamente se vivía en el destino, en los partidos judiciales, y el vivir allí, siendo partidos de juzgado único, el juez era una referencia dentro y fuera del juzgado. Eso marcaba un tipo de conducta y de sentimiento personal muy peculiar. Hoy, cada vez son más extraños los partidos judiciales de juzgado único.

—¿Y el trabajo de juez? ¿Hay más herramientas para impartir justicia?

—Hay más herramientas al servicio del juez para que pueda atender con mayor certidumbre los problemas que se le presentan. Antes tenías papel, y algún libro. Hoy tienes a tu servicio jurisprudencia prácticamente al día. Hay más herramientas para que el juez se documente y fundamente mejor sus resoluciones, lo cual a la postre no quiere decir que las funde mejor o peor, eso es una inquietud personal de cada juez.

—El mundo es hoy más complejo que entonces. ¿Ha sabido responder el legislador dotando a la justicia de las herramientas necesarias para afrontar esa complejidad?

—Estamos a mitad de camino. He dicho más de una vez que se reclame un pacto de Estado sobre la justicia para modernizarla definitivamente, porque modernización no es solo dotar de mejores medios materiales a los juzgados. La organización territorial no ha variado sustancialmente, pero el entorno al que la justicia debe servir ha cambiado profundamente. La ley de planta y demarcación, la ley orgánica del poder judicial, el proceso penal, todavía son asignaturas pendientes para que se pueda hablar de una modernización de la justicia.

—Hablando de estas respuestas, se habló mucho de la reforma de la ley procesal para acortar las instrucciones. ¿Ha sido efectiva o se ha abusado de la declaración de las «causas complejas» sin límite para dejarla sin efecto?

—El problema de los juzgados de instrucción es que en seis meses una causa que en sí misma no debiera ser compleja, hay informes o actuaciones indispensables que no son emitidos en el plazo adecuado, y la única solución del juez es declararla compleja y alargar el plazo. En un mundo ideal, indudablemente se podrían instruir y terminar la mayoría de las causas en seis meses. Hoy por hoy es imposible.

—La aparición de macrocausas en los últimos años, ¿ha dado una falsa sensación de una abultada corrupción en la política gallega?

—Quizá. Hay que estar a los resultados de las instrucciones. El fenómeno de la instrucción, tratado públicamente, puede producir un cierto espejismo. Lo que hay que estar definitivamente es a los resultados de las investigaciones judiciales. Y eso no hay que infravalorarlo ni supravalorarlo. La instrucción es un medio, pero el momento decisivo es el del juicio y la sentencia.

—La sanción a De Lara es fruto de expediente incoado por CGPJ. Pero uno de los que instan a que se incoe es el TSXG. ¿Qué le lleva a dar ese paso?

—Yo lo que puedo hacer como presidente es, en el caso de que considere que hay motivos suficientes, decir al Consejo la conveniencia de una determinada inspección ordinaria o extraordinaria. Ahí acaba mi labor.

—¿Cuándo se cruza el umbral de lo tolerable?

—Normalmente cuando ha habido quejas, determinados conocimientos de que algunos asuntos tienen una relevancia especial en la opinión pública, y si en la opinión pública empieza a haber una preocupación sobre demoras, tardanzas o dilaciones. Esto puede provocar una petición de información y después en su caso, una visita inspectora, y los resultados están condicionados a la propia inspección

—¿Han faltado medios en Instrucción nº1 de Lugo?

—Desde hace años, desde que yo presidente, salvo algunos periodos concretos, siempre ha tenido refuerzos, tanto de funcionarios como de letrado de la administración de justicia y tuvo bastante tiempo un juez sustituto y otro de adscripción territorial.

—La juez llegó a responsabilizar a funcionarios del juzgado de la acumulación de los retrasos. ¿Un juez no tiene la responsabilidad de velar porque su oficina judicial funcione?

—En una oficina judicial, cada estamento tiene su propia responsabilidad y tienen que funcionar al unísono porque en definitiva eso es una oficina, a pesar de que su dependencia orgánica sea diferente. No sé qué ha ocurrido en Instrucción nº1 de Lugo. El juez es el máximo responsable de la actividad jurisdiccional del órgano judicial. Sin perjuicio de eso, el letrado tiene sus competencias y responsabilidades, al igual que los funcionarios.

—¿Esperaban este resultado por parte del CGPJ?

—No lo sé. Lo que le puedo decir es que el promotor de la acción disciplinaria actuó en función de los resultados de la inspección que se practicó, que además fue rigurosa, estuvieron prácticamente dos semanas.

—Negro panorama el que se le avecina al que se haga cargo de Instrucción nº1 en Lugo. Si usted se viera en esa tesitura, ¿cómo afrontaría un juzgado con tal grado de colapso?

—Si yo llegara a un juzgado muy saturado y viera que por mí mismo no era factible el asumir esa carga de trabajo, motivadamente pediría un refuerzo, y a veces no es tanto de juez como de funcionarios. Y si la saturación afecta muy directamente a la actividad jurisdiccional, se autoriza un juzgado de refuerzo, temporal, que puede traducirse en un juzgado en comisión de servicio sin relevación de funciones o un juez de adscripción territorial. Estos jueces volantes serían la mejor solución, pero es que en Galicia hay nueve, divididos en provincias, tampoco hay mucha disponibilidad.

—¿El juez estrella es una figura en declive?

—Ojalá estuviera en declive, a mí nunca me ha gustado esa figura. Pero trato de diferenciar entre el juez que busca la publicidad y la notoriedad o el juez al que la notoriedad le viene dada por la asunción de su propia responsabilidad.

—¿Y el juez que se mete a político?

—Desde el momento en que se mete a político queda suspendido de la actividad jurisdiccional. Es un mundo distinto, está previsto legalmente, y son decisiones personales. Lo que no se le puede medir a ese juez que abandona temporalmente o definitivamente la jurisdicción es enjuiciarlo con criterios de juez, sino con otros ya estrictamente políticos. Otra cosa es su vuelta a la jurisdicción

—Que es compleja

—En algún caso, también depende del destino de ese juez.

—¿Está suficientemente regulada la figura de la recusación para jueces que regresan desde la política?

—Está regulada la posibilidad de retornar a la carrera judicial, y otra cosa es discutir si está bien regulada. Y otra cosa también regulada es la recusación o la abstención, en casos de incompatibilidad por su anterior actividad política.

—Hablando de políticos, parece que la fiebre por limitar aforamientos se calmó…

—El aforamiento, sinceramente creo que es una garantía del sistema democrático. Pero no se puede hipertrofiar. El aforamiento debe estar vinculado al ejercicio del cargo. Es lo que sucede con los jueces. Para las actividades de la vida privada no tienen aforamiento.

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