Multas de hasta un millón de euros por fiestas ilegales de Fin de Año

La normativa vigente no considera ilegal las fiestas privadas de amigos o el hecho de que una asociación alquile un local para la realización de una fiesta privada . Sin embargo, el cobro de entradas o consumiciones y la apertura a todo el público supondría que la celebración debería poseer ciertos permisos , además de reunir condiciones de seguridad requeridas .

A falta de cifras oficiales, el presidente del Fesdiga, Samuel Pousada, ha asegurado que, en los últimos años, se ha producido un «aumento clarísimo» de estas fiestas públicas de carácter clandestino que, a pesar de estar cerradas a un grupo concreto, cometen la irresponsabilidad de abrirla para cualquiera que quiera entrar.

«A una fiesta, si es privada, la normativa no le exige nada» , ha afirmado en declaraciones a Europa Press. En este sentido, Pousada ha alertado de que esta falta de control, si se convierte en algo abierto al público y, por tanto, ilegal, supone un «mayor peligro» para las personas que asisten. Además, considera que esta actividad se correspondería con una competencia desleal , ya que el ánimo de lucro «requiere pagar todos los impuestos y declarar» a Hacienda lo percibido.

En concreto, la legislación gallega establece que para realizar estos eventos se presente una solicitud ante la Consellería de Presidencia con 30 días de antelación . A continuación, serán los ayuntamientos los encargados de conceder las licencias. Todo ello siempre que las instalaciones cuenten con el visto bueno de un técnico.

Por su parte, el letrado y ex decano del Colegio de Abogados de Santiago Evaristo Nogueira, consultado por Europa Press, ha ratificado que el alquiler de un local de forma privada «no requiere de una autorización» pero «sí hay responsabilidades por parte de quien alquila un local sabiendo que va a ser destinado a una fiesta sin las medidas de seguridad pertinente». Así, considera que «uno no puede montar una fiesta privada en un garaje (...) porque no hay unas medidas de seguridad mínimas» . En ese caso, en sus palabras, la responsabilidad es del propietario del local y del organizador de la celebración.

Con todo, para las fiestas privadas, Pousada señala que, aunque no exista la obligación de pedir permisos, la gente debe saber «bien» dónde organiza los eventos y hacerlo «con un poco de cabeza».

El presidente de Fesdiga explica que también es frecuente que algunos restaurantes adapten sus comedores en Nochebuena o Nochevieja para la realización de fiestas de carácter público, «algo denunciado en muchas ocasiones» por la federación. Aunque reconoce que son «locales que tienen licencia» recuerda que la actividad que pueden ejercer es la de restaurante. «Entonces, evidentemente, ya no pueden celebrar baile en un salón de banquetes acondicionado a una cena» porque, en sus palabras, «un simple restaurante, lo único que puede es servir comida, ni tener música, ni celebrar bailes ni dar cotillón».

«Últimamente de eso también hay bastante, todos los años denunciamos muchos casos de restaurantes que, con esto del tirón de Navidad, intentan sacar un poco más de dinero» con la organización de estas fiestas para las que no recogen ninguna autorización.

Para Evaristo Nogueira, un factor «principal y fundamental» para conseguir el permiso es la seguridad del local, que depende de variables como el aforo permitido, las entradas y salidas de emergencia o si cumple la normativa de incendios, entre otras. Además de estas, otras cuestiones menores atenderían a la insonorización del establecimiento o a la ubicación del mismo según el tipo de actividad.

Las multas por el incumplimiento de estos requisitos son de diversa índole y dependen, principalmente, de la legislación local . En el caso de Santiago, una infracción de venta de alcohol a menores puede llegar hasta los 3.000 euros la primera vez . Esta cantidad, según el letrado santiagués, « puede ser muy superior» en caso de que la fiesta sea ilegal . Si ocurre algún tipo de desgracia, el organizador respondería, incluso, como responsable penal. «No me atrevo a decir la cantidad porque depende de muchos factores, pero, en todo caso, se tratan de cantidades importantes», ha asegurado Nogueira. Por su parte, el presidente del Fesdiga sí ha hecho una estimación y ha asegurado que «pueden llegar hasta el millón de euros».

Con el efecto de Madrid Arena ya casi diluido, Fesdiga alerta también del aumento, por parte de los ayuntamientos, de la cesión de los espacios públicos para la celebración de estos eventos. En concreto, su presidente se ha referido al Consistorio de la ciudad olívica, que todo los años suele ceder el Auditorio Mar de Vigo para la organización de una fiesta de Nochevieja en el recibidor. Pousada duda de su acondicionamiento para estos eventos, puesto que es «un espacio público ambientado para escuchar un concierto de música». «No creo que nadie en el Ayuntamiento de Vigo se atreva a firmar un informe conforme el sitio cumple los requisitos para hacer una macrofiesta», defiende.

Sin embargo, el ex decano del Colegio de Abogados de Santiago ve que «si el local tiene las medidas de seguridad y el Ayuntamiento concede la autorización, no hay ningún tipo de problema». «Otra cosa es que lo ceda sin cumplir con la legalidad«, ha proseguido. Entonces, en caso de producirse alguna desgracia, la responsabilidad es de quien ha concedido la autorización.