Los miguelianos, a juicio

A las puertas de la Audiencia de Pontevedra, la defensa de Rosendo, que ejerce el abogado Marcos García Montes, ha avanzado que solicitará la suspensión del juicio después de que se intentara forzar a su cliente a buscar otro representante legal. García Montes ha acusado de esta maniobra «impresentable e inhumanda» a la fiscal —de la que se habría retractado, ha añadido— después de que este abogado alegara problemas graves de salud y se retrasara hasta en dos ocasiones el inicio del juicio. Otro de los letrados de la defensa solicitará igualmente la suspensión del proceso, alegando que el padre de uno de los acusados se encuentra gravemente enfermo «y le queda poco tiempo de vida», avanzó García Montes a los periodistas .

Beatriz Seijo, abogada de dos de las «pseudomonjas» acusadas, ha reiterado que solicitarán al tribunal tener acceso pleno al contenido de los ordenadores incautados, algo que según ella les ha sido negado de manera reiterada. Por su parte, la representante de la acusación particular, Ana Reguera, ha lamentado que las defensas «a toda costa» intenten que el juicio «no comience hoy» y se dediquen a «boicotear» el proceso y recurrir «toda cuanta resolución dicta el tribunal», informa Ep.

En esta primera jornada del juicio a los «miguelianos» se abordarán las distintas cuestiones previas que planteen las partes y se dará lectura al escrito del fiscal. En su informe, el ministerio público detalla que Miguel Rosendo fundó en 1989 una asociación que se mantuvo en el tiempo hasta 2012 «con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad, garantizando su total entrega y disponibilidad». El escrito detalla lo que considera que era el proceso de «adoctrinamiento» de los miembros de la orden, «un conjunto de técnicas de manipulación y de persuasión coercitiva, enmascaradas bajo actividades tan lícitas y neutrales como charlas, la meditación, oración o renacimiento espiritual», pero cuyo fin era «la consecución de la anulación de voluntades y el control del individuo».

A sus seguidores les imponía unas estrictas normas de conducta denominadas «regla migueliana», que debían seguir «de manera escrupulosa bajo pena de reprobación», pero de cuyo cumplimiento estaba exento el propio Miguel Rosendo. Lo hacía con «el uso de violencia o intimidación mediante técnicas de adoctrinamiento basadas en la persuasión coercitiva» para «quebrantar total o parcialmente» la personalidad de a quienes captaba y su capacidad de discernimiento, «bajo la excusa de la religión que profesaban».

Una vez captados dentro de la orden, el fiscal destaca la existencia de un «complejo sistema de vigilancia del comportamiento» entre los fieles, ideado por el propio Rosendo. Consistía en refuerzos positivos para aquellos adeptos que observaban fielmente la «regla migueliana» y la aplicación de «instrumentos represivos» contra aquellos más díscolos. «Sobre la base de este régimen, conseguirá un temor reverencial del sujeto, sustentado en el temor de quedar excluidos del grupo o de sufrir algún mal propio o ajeno», añade.

Todo ello para «satisfacer tanto sus deseos sexuales como ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo», con la colaboración del resto de acusados, I.L.S., M.D.E.L., I.Q.C., B.E.F., E.R.M. y J.C.A.M., a los que Rosendo designó como cargos intermedios. El fiscal relata cómo Rosendo comenzó a captar adeptos, generalmente personas con problemas de diversa índole, desde sus negocios de herboristería, en los que ejercía como curandero.

Entre los rituales que utilizaba a tal propósito hablaba en idiomas ininteligibles, simulaba entrar en trance, repartía su ropa o despojos corporales como amuleto y practicaba exorcismos. Estos clientes constituyeron «el semillero» de lo que acabaría siendo la Orden y Mandato San Miguel Arcángel, reconocida por la Diócesis de Tui-Vigo en julio de 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano . El fiscal señala a la diócesis como responsable civil subsidiario de lo ocurrido.

Más adelante, indica el fiscal, Rosendo comenzó a revelarse ante sus seguidores como el Arcángel san Miguel , quien, según les decía, entraba en su cuerpo y a través de él transmitía mensajes de Dios, todo ello con una implicación cada vez mayor en actividades relacionadas con la Iglesia Católica.

La orden se instaló en la denominada «casa madre» de Mougás, en Oia (Pontevedra), donde «muchos» adeptos se recluyeron «apartados de sus familias, abandonando tanto estudios, trabajo, amigos y vida social» para «circunscribir sus ámbitos vitales» a los de Rosendo. El líder, además, «se serviría de la norma migueliana para restringir la libertad personal de sus miembros», provocando su aislamiento respecto de sus familias. En algunos casos, el principal acusado concertó matrimonios entre miembros de la orden, y en otros, los convenció para que les donaran dinero procedente del finiquito que cobraron tras dejar sus trabajos o de la venta de propiedades.

Para el «adoctrinamiento» de sus seguidores, el fiscal atribuye al líder de la orden insultos, amenazas, revelación de datos íntimos, humillaciones en público e incluso el uso de la fuerza física, además de abusos sexuales . En este apartado, el fiscal relata los distintos episodios de abusos que habrían sufrido tres mujeres de la orden. Su procedimiento se iniciaba con tocamientos o supuestos rituales de purificación, seguía con charlas para convencer a las víctimas de que todo formaba parte del trabajo migueliano, continuaba con masturbaciones forzosas y desembocaban en relaciones sexuales que acababan teniendo carácter habitual.

Algunos episodios bordean lo grotesco. Según el fiscal, cuando abordó a una de sus víctimas y la forzó a tocarle los genitales, horas más tarde se justificó diciéndole que «lo que había hecho se limitaba a hacer la voluntad de Dios» y porque la mujer «tenía un cáncer», y aquella acción tenía como único objetivo curarla. Le pidió, eso sí, «que no se lo dijera a nadie porque nadie lo entendería». Esta mujer acabó aceptando un matrimonio con otro miembro de la orden, con la esperanza de que así remataran los abusos por parte del líder. No fue así.

Ni siquiera mientras estuvo embarazada de su marido, subraya la Fiscalía. Su rechazo a mantener relaciones con Rosendo llevó a esta iniciada, M. P.A., a sufrir el ostracismo y la marginación por parte del grupo. No fue perdonada por Miguel Rosendo hasta que aceptó «someterse nuevamente a toda una serie de prácticas sexuales que darían rienda suelta a la voracidad sexual de su líder», que solo remataron en 2012 cuando abandonó la residencia de la secta en Mougás.

En el escrito también se recogen «orgías» de Rosendo con tres de sus víctimas «bajo el manto de una obediencia debida a un líder espiritual en un estrato privilegiado por su ascendencia divina que quebrara la capacidad crítica y de decisión de sus víctimas, obligándoles a practicar sexo conjunto». Todo, como consecuencia de haber «minado gradualmente» la «resistencia psicológica» de estas mujeres.

A otra víctima le afeó que le rechazara durante un acto sexual en un campamento de verano: «No puedes ver esto como algo sexual, es espiritual, es un trabajo». De ese momento en adelante, la expresión «hacer un trabajo» era la forma migueliana de mantener relaciones con esta mujer. Tras forzar a otras dos a practicar sexo en grupo y acabar estas llorando, les afeó que lo vieran como un acto lascivo y no como un momento de espiritualidad. En total, la Fiscalía le atribuye a Miguel Rosendo un delito de agresión sexual continuada y otros dos de abuso sexual continuado.

Dentro de la orden se estableció una jerarquía en la que había una junta de gobierno, un grupo de consagrados, una madre y un padre general de la vida consagrada femenina, una madre y un padre de la buena huella, dos «bastones» encargadas de redactar el testimonio vital de Rosendo, y hasta una «fiscal».

Esta última, D.E.L., que se encuentra entre los acusados, tenía facultades para impartir instrucciones y función de dirección espiritual, proteger el «carisma migueliano», velar por el cumplimiento de los estatutos de la asociación y coordinar las actividades de apostolado, representaciones y coro.

La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fue reconocida por la Diócesis de Tui-Vigo en julio de 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano. La Diócesis tuvo conocimiento de unas supuestas «irregularidades» en diciembre de 2012 y para comprobar su veracidad nombró a un visitador canónico. La Iglesia se basó en el informe del visitador para apartar cautelarmente a Miguel Rosendo por su «conducta moral», y no fue hasta que estalló el escándalo cuando retiró su apoyo a esta organización y a su derivada, llamada «La Voz de Serviam», que se había establecido en Madrid.