Meirás: primer año en manos públicas y el Pazo todavía sin abrir

El compromiso de abrir Meirás a la ciudadanía se ha incumplido, por el momento . El Estado solo permite visitar los jardines y asomarse, casi con necesidad de casco, al recibidor y a la capilla. Según el Concello de Sada, que gestiona las visitas, unas 5.000 personas se han acercado al Pazo. El interior sigue siendo un misterio. No tiene fecha de apertura.

«En el edificio aún hay que realizar obras de seguridad» , asegura de manera escueta Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática; «el estado del inmueble era absolutamente seguro», replica el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, «tenemos constancia de ello». «Si tan mal estaba, no se entiende que llevasen allí a periodistas y realizasen aquella escenificación en la entrega de llaves en un inmueble que estuviera en un estado tan precario», añade.

La familia Franco se expresa a través de su albacea, que no esconde la «impotencia» de sus clientes ante lo sucedido estos meses en el plano judicial. «Nos asiste el derecho y la razón, pero no solo nos está costando mucho que nos la concedan, sino que a pesar de ello, a fecha de hoy mis clientes no han podido ni retirar la ropa de los armarios de Meirás».

Todo lo que rodea al Pazo está judicializado. La Audiencia Provincial de La Coruña, por dos veces, desautorizó al juzgado que dictó la sentencia inicial y las medidas cautelares. Reconoció que los Franco eran poseedores de buena fe y que el Estado no podía incautarse de los bienes que hubiera en el interior del inmueble, dado que nunca fueron objeto de la reclamación civil que planteó. No era esta una cuestión menor, ya que abría la puerta a que los Franco le reclamaran al Estado los gastos que hubiera asumido la familia desde 1975 en concepto de mantenimiento del recinto, lo que podría ascender a más de un millón de euros.

Sin embargo, un año después, el Estado mantiene abierto un incidente de ejecución de la sentencia para determinar qué objetos se han convertido en bienes inmuebles por incorporación y cuáles sí podrían ser retirados. Hasta enero no se celebrará la vista sobre esta cuestión. Estado, Xunta y las demás administraciones quieren limitar que la familia retire cualquier elemento artístico o histórico del interior. «Da la impresión que a través de los incidentes la parte contraria está intentando incumplir una resolución judicial», valora Utrera Molina. La Abogacía trabaja, en paralelo, en otra demanda civil por el conjunto de los bienes muebles, según confirma a ABC Fernando Martínez.

Este asunto ya no lo resolverá la controvertida juez Marta Canales, la misma que se prestó a participar en el acto propagandístico de la entrega de llaves. Cambió de destino y ahora ocupa plaza en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. El caso suma ya su tercer magistrado, después de que la sucesora provisional de Canales, Milagritos Belso, vaya a dejar paso al juez titular de la plaza, Francisco Javier García Aponte.

Sin embargo, el nudo gordiano de la causa judicial está en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que deberá determinar en los próximos meses si acepta los recursos de casación planteados por las distintas partes. Los Franco reclaman recuperar la propiedad de Meirás; las administraciones, que se les niegue su condición de poseedores de buena fe y, así, impedir que puedan ser indemnizados por determinados conceptos.

Incluso el poseedor de mala fe tiene derecho a recuperar los gastos necesarios, reza el Código Civil. Pero ese cálculo será otro procedimiento judicial. Lo llamativo es que la Abogacía del Estado, inicialmente, no consideraba que tuviera base para recurrir en casación, y casi en el último minuto presentó sus alegaciones, acompañando a las demás administraciones.

El trámite en el Supremo es doble. Primero, hay que pasar el filtro de la admisión a trámite. Se prevé que para la primavera de 2022 el Tribunal resuelva esta cuestión. Y a partir de ahí, otros dos años más de espera hasta que entre en el fondo del asunto. «Tengo plena confianza en la Sala Primera del TS», asegura Utrera-Molina, «esto no es una cuestión política sino de naturaleza civil». Esto va de derecho, insisten una y otra vez los abogados de la familia, no de historia de España.

Mientras se resuelve el laberinto judicial, el Gobierno trabaja en el nuevo relato que rodeará el Pazo, una vez se reabra al público de manera integral. P ara ello designó una comisión de expertos que tercie en un debate enconado: si Meirás debía ser un lugar de reivindicación antifranquista o, por el contrario, de recuperación de la figura de Emilia Pardo Bazán , la autora detrás de la construcción y diseño del centenario inmueble. A favor de lo primero, el Gobierno, la izquierda política, la RAG y asociaciones de memoria histórica; apoyando lo segundo, la Xunta y distintos intelectuales del mundo de las letras españolas.

«En las próximas semanas tendremos el informe del comité», apunta a ABC el secretario de Estado de Memoria Democrática, quien avanza que «la figura de doña Emilia tendrá un lugar relevante en la explicación del relato». Pero todo apunta a que se va a imponer el carácter antifranquista.

Al mismo tiempo, la factura de Meirás sigue creciendo. No son solo los 350.000 euros desembolsados en las obras sin detallar del interior, sino los gastos asumidos de luz, agua, suministros, vigilancia y reparaciones. Hasta abril, el Estado reconocía haber asumido facturas por valor de 210.000 euros . El montante, muy probablemente, estará desfasado cuando se cierre el año presupuestario. A Meirás le queda mucha historia que contar.