Más presión al Gobierno para bajar al buque Villa de Pitanxo

En la última semana los familiares han intensificado los contactos con instituciones y sindicatos para tratar de forzar al Gobierno a cambiar el rumbo . Una representación de las víctimas viajó hasta Madrid para entrevistarse el miércoles con la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Teresa Jiménez-Becerril. Aunque en un principio no estaba previsto, también pudieron hablar con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que se comprometió a mediar con el Gobierno , en la medida de lo posible, para ver qué posibilidades hay de enviar un robot al pecio, según explicó después a los medios María José de Pazo, hija del maquinista del Villa de Pitanxo –fallecido en el accidente–, que ejerce de portavoz de las 21 familias. La jornada de las familias del miércoles en Madrid se completó con un encuentro con la embajadora de Canadá en España, Wendy Drukier, que les aseguró que «no hay ningún impedimento legal» por parte de las autoridades de su país para que un robot pueda bajar hasta el barco. Se lo dijo en la reunión verbalmente y se comprometió a hacerlo por escrito.

La intensa agenda la semana pasada de los familiares se completó con una reunión el jueves en Pontevedra con representantes de CC.OO., que les brindaron su apoyo para bajar al pesquero y se comprometieron, además, a colaborar para intentar agilizar las pensiones de viudedad. Y el viernes, las familias se citaron en Santiago con la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, que escuchó sus reivindicaciones y se pondrá en contacto con el Defensor del Pueblo.

La frenética actividad de las familias contrasta con la parálisis judicial, obligada por el mencionado debate sobre quién tiene la competencia. Tanto la Audiencia Nacional como los juzgados de Marín rechazan hacerse cargo de una causa que se antoja compleja, técnica y enrevesada: uno y otro consideran que no les corresponde asumirlo. El alto tribunal, a quien la Guardia Civil había entregado los primeros informes del caso, derivó la causa a los juzgados de Marín al considerar que serían los competentes por ser esa la localidad donde el pesquero tenía su puerto base. La juez del municipio pontevedrés, en cambio, le devolvió la causa argumentando que los supuestos delitos que se investigan se cometieron en aguas internacionales. Si la Audiencia Nacional vuelve a rechazar asumir la investigación de la causa, la pelota podría acabar en el tejado del Supremo, para resolver a quien corresponde la instrucción.

El proceso judicial se encuentra en 'stand by' pero hace tiempo ya que la Guardia Civil de Pontevedra tomó declaración a los tres supervivientes: el patrón, Juan Padín; su sobrino y marinero, Eduardo Rial, y el tripulante de origen ghanés Samuel Kwesi. Y a partir de la declaración de este último, que rebatía las explicaciones del siniestro dadas por el patrón, y además señalaba a la armadora, Grupo Nores, por presionarle para secundar la versión de Padín, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró que hay indicios contra Padín por 21 homicidios imprudentes y delitos contra los trabajadores. El patrón había asegurado que el barco quedó a la deriva tras una parada repentina del motor, pero Kwesi dio una versión muy distinta: se habían estropeado las maquinillas que suben las redes de pesca, que venían cargadas, y Padín se habría negado a soltarlas pese a la insistencia de la tripulación. Además, los Whatsapps de los marineros a las familias, antes del accidente, sugieren que trabajaban en condiciones precarias.