Javier Losada (i), durante su primer encuentro oficial con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero
Javier Losada (i), durante su primer encuentro oficial con el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero - EFE
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Losada nombra asesora a una empresaria a la que adjudicó tres millones siendo alcalde

María Debén, nueva coordinadora de igualdad, fue una de la beneficiarias del «dedazo» del exregidor herculino

SantiagoActualizado:

El pasado martes, la Delegación del Gobierno en Galicia informó de la incorporación al gabinete de Javier Losada de la jurista María Debén en calidad de coordinadora de las áreas de igualdad y violencia de género, entre otras. La nota glosaba su trayectoria en el ámbito de las políticas sociales y su condición de trabajadora de la Xunta de Galicia, de donde procede tras ejercer como coordinadora del Servicio de Dependencia y Autonomía Personal de La Coruña. Pero María Debén fue, además, una de las principales beneficiadas de los millonarios contratos discrecionales durante la etapa de Javier Losada como alcalde de La Coruña entre 2006 y 2011.

En total, la empresa de Debén y su marido, Malvecín S. L., recibió del entonces regidor herculino 3,2 millones de euros de las arcas municipales en contratos, principalmente negociados sin publicidad, una práctica habitual durante su mandato. Solo entre 2008 y 2010, Malvecín S.L. se hizo con trece contratos municipales adjudicados sin publicidad por valor de 1,65 millones de euros. Además, la sociedad de Debén fue la encargada de ejecutar tres obras adjudicadas —estas sí— mediante procedimientos con publicidad por un importe de 1,54 millones de euros.

En los procedimientos negociados sin publicidad, las administraciones públicas invitan a varias empresas a que presenten ofertas y, entre las que concurren, se selecciona a la más competitiva según los factores que previamente se han determinado. Malvecín S.L. fue la segunda empresa con mayor número de invitaciones a participar en los concursos públicos de La Coruña durante el mandato de Javier Losada, con una tasa de éxito del 20%: de cada cinco obras a las que concurría, se llevaba una.

La sobrina de Losada

Entre los contratos de servicios públicos que recibió Malvecín S.L. del gobierno Losada en 2010 —junto con Orto y Cespa— estaba el de mantenimiento de parques y jardines. Curiosamente, y según recoge la propia empresa en su página web, la responsable de coordinar este área de trabajo era una sobrina del alcalde, Patricia de Azpiazu, que se había incorporado a Malvecin SL en 2005. Esto es, en la adjudicataria de un contrato público municipal trabajaba una familiar directa del alcalde, lo que no impidió en modo alguno que éste se materializara.

En aquella época, María Debén formaba parte del comité nacional gallego del PSdeG, y venía de haber ejercido como delegada provincial de la Consellería de Traballo en La Coruña, de donde salió rodeada de polémica tras conocerse que gastó 42.651 euros en internet en 60 días con el ordenador portátil oficial de la Xunta, un consumo que ella justificó en aquel momento por residir en una zona rural sin acceso a banda ancha, lo que le obligó a recurrir a los datos de la tarjeta móvil.

La sombra del «dedazo»

La polémica por la adjudicación de contratos de obra pública y servicios municipales a una selecta terna de empresas persiguió a Javier Losada durante los últimos meses de su mandato como alcalde. La denuncia partió del entonces líder de la oposición, el popular Carlos Negreira, que acusó al alcalde de conceder en tres años 9 de cada 10 obras sin concurso público, con un coste total de 60 millones de euros. Las beneficiarias de estas prácticas, a las que denominaron «Operación dedazo», eran, además de Malvecín SL, Rivas Boquete SL y Erfinco SL.

Esta política discrecional en la gestión de la obra pública, con la que Negreira y su entonces número dos Julio Flores fustigaron con dureza al bipartito municipal que presidía Losada, llevó al PP a presentar una denuncia ante la Fiscalía y posteriormente elevarla al Tribunal de Cuentas, quienes, por su parte, la archivaron por considerar que no existían irregularidades contables en la adjudicación de los polémicos contratos.