La ley de demografía blindará las políticas sobre viviendas vacías

A falta de los añadidos que pueda hacer el CES en su tramitación, el texto blinda determinados ámbitos de actuación por parte de la Comunidad. Por ejemplo, la creación de un comité de ética de los servicios sociales de Galicia, un órgano consultivo y colegiado que se pretende adopte decisiones con plena autonomía respecto al gobierno de turno. O el objetivo de la universalización de la educación de 0 a 3 años, en el que Galicia lleva amplia ventaja a otras Comunidades gracias a su red de escuelas infantiles públicas.

También es relevante el compromiso que adquiere la administración gallega para « fomentar la movilización de viviendas vacías y la rehabilitación edificatoria » con el objetivo de «facilitar el asentamiento de la población en régimen de compra o alquiler». La Xunta se impone tareas a sí misma como empresa introduciendo la exigencia de «avanzar en la creación de servicios de conciliación» en sus centros de trabajo, e instar a que el resto de administraciones públicas de Galicia hagan lo propio.

Esta versión mejorada del anteproyecto también reconfigura algunas medidas ya planteadas en el texto original sobre la discriminación positiva hacia las familias con hijos . Por ejemplo, que las prestaciones y ayudas no tengan solo en cuenta la situación de renta familiar sino también el número de hijos; que las ayudas para la rehabilitación de viviendas destinen un «trato diferenciado» a familias con hijos o personas dependientes a su cargo, con especial atención a familias numerosas y monoparentales; mantener las bonificaciones al transporte; y promover la incorporación de los concellos en el apoyo a las familias monoparentales, siempre dentro de las limitadas capacidades de muchos entes locales.

La norma incluirá igualmente que los programas de acogimiento de personas refugiadas y la población inmigrante «se adaptarán a las necesidades específicas» del rural, bajo la idea de repoblar las zonas más deshabitadas del territorio con quienes buscan asilo pero garantizando un encaje social y profesional.

«Hemos tenido en cuenta más del 80 % de las alegaciones que recibió el primer borrador de la ley, por lo que ha dejado de ser la Xunta a ser una ley de todos», afirmó este lunes la conselleira de Política Social, Fabiola García , durante la entrega del anteproyecto al CES, un texto «más rico, más dinámico y en el que todos los grupos políticos ya pueden ver su pegada». El objetivo, destacó, es que sea «una ley a largo plazo y no a corto plazo». Entrará en el Parlamento en el primer trimestre de 2020.