De Lara fracasa en su intento de proteger al populista Portomeñe

Orozco se querelló contra Portomeñe después de que este le acusara, en una rueda de prensa, de haber presionado hasta el llanto al exsecretario del Concello para que modificara un informe y poder recalificar así unos terrenos junto al campo de golf de Fixós . Archivada inicialmente por la juez Piñeiro, la Audiencia Provincial obligó a reabrir y realizar el primer trámite de toma de declaraciones, que debían realizarse la próxima semana.

Ante la inminencia del hecho, la defensa de Portomeñe apeló a De Lara para que le evitara el trago. La «juez estrella» de Lugo emitió entonces una providencia a su compañera de juzgado advirtiendo que el edil era testigo en una pieza sobre el Plan General de la ciudad y que esta querella de Orozco solo buscaba intimidarlo.

La respuesta de Piñeiro, en otra providencia dictada este martes y a la que ha tenido acceso ABC, es rotunda. En ella, le aclara a De Lara que quien ordenó la toma de declaraciones no fue ella, sino la Audiencia Provincial. Además, le recuerda que a Portomeñe lo investiga no por el contenido de sus declaraciones como testigo en la pieza del Plan General, sino por las que vertió ante los periodistas . Por este motivo, Piñeiro no encuentra razón para solicitar a De Lara autorización alguna en este proceso.

Como viene siendo una constante en las comunicaciones de instancias judiciales superiores con De Lara, la juez Piñeiro también le afea sus formas procesales, reprochándole que su providencia llegó «carente de motivación» , «por cuanto se limita a indicar los presuntos delitos investigados» en la causa del Plan General, la cual —según la titular de Instrucción nº2— no guarda relación con la querella por presuntos insultos a Orozco.

La resolución de la juez Sandra Piñeiro no ha sentado bien a la defensa de Carlos Portomeñe , que ejerce el veterano abogado lucense Gerardo Pardo de Vera, un habitual en las acusaciones populares de las macrocausas que instruye De Lara. Para evitar in extremis la declaración de su cliente, el letrado envió ayer mismo al juzgado un recurso de reforma. En él, entre otras cosas, solicita que se decrete «necesariamente» el archivo de la causa, ignorando así la decisión firme de la Audiencia Provincial.

Además, desliza veladamente la amenaza de recusación de la instructora. Piñeiro en su día optó por abstenerse de investigar el Plan General —aunque la causa cayó en su juzgado tras el reparto— por entender que Pilar de Lara ya se encontraba indagando en asuntos relacionados. «Cabría plantearse en qué medida la abstención no sería aquí procedente», recoge el recurso , si bien aclara seguidamente que mantienen «ciega confianza en la imparcialidad subjetiva» de la instructora, lo que «nos impide formular la recusación». Por último, reiteran que la querella de Orozco «puede producir un indeseable efecto intimidatorio». La juez Piñeiro, ahora, deberá responder. La guerra de providencias tiene todavía capítulos por delante.