Fachada del edificio de los juzgados de Avilés
Fachada del edificio de los juzgados de Avilés - EL COMERCIO
CASO POKEMON

Un juzgado de Avilés también devuelve una pieza a Pilar de Lara por enviarla cuatro años tarde

La juez de Lugo consulta a la Fiscalía sobre el juzgado competente para asumir la causa, que investigaba presuntas irregularidades de Aquagest y la empresa GRS en varios ayuntamientos asturianos

SANTIAGOActualizado:

Pilar de Lara no tiene quien le asuma sus causas. Primero fue la Audiencia Nacional, luego dos jueces de los tribunales compostelanos, y ahora es el turno de un juzgado de Avilés. La titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de esta ciudad, María del Carmen Márquez, dictó un auto el pasado 21 de junio en el que rechazaba la inhibición decretada por Pilar de Lara, y devolvía a la magistrada de Lugo una de las piezas separadas de la «trama Pokemon». La causa se refiere a las supuestas irregularidades de Aquagest y la empresa GRS en varios ayuntamientos asturianos.

Los motivos para rechazar la inhibición son dos, uno competencial y otro formal. Es en este segundo donde la juez Márquez carga las tintas contra su compañera de Lugo, poniendo de manifiesto una vez más las anomalías que rodean las instrucciones de sus macrocausas contra la supuesta corrupción. «Los hechos que dan lugar a la investigación se produjeron hace más de cinco años», reprocha Márquez, «iniciándose las diligencias y la instrucción en 2011, no es hasta 2014 cuando la instructora decide dividir la causa en diversas piezas», de las cuales la séptima es esta que se decide enviar a Avilés en agosto de 2016.

«Las primeras diligencias son de 2011, las que afectan a la causa de Avilés se inician en 2014; no enviar la actuaciones hasta mayo de 2018 y mantener abierta la investigación carece de todo tipo de justificación»

Sin embargo, De Lara decide «continuar con la instrucción» incluso «ya decidida la inhibición en favor de Avilés», por lo que la documentación de la causa no entra en los juzgados hasta mayo de 2018, un retraso dos años que la juez Márquez, de manera comprensiva, atribuye a la tardanza de la Audiencia de Lugo en resolver varios recursos de las defensas. Pero su reproche a De Lara es que después de decretar su propia inhibición «se continuaron practicando diligencias» que «no son de mero trámite o derivadas de la necesidad de adoptar medidas urgentes», sino que «constituyen las actuaciones de investigación normales y habituales en casos como el presente».

Aquí, Márquez rescata el rapapolvo que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propinó a Pilar de Lara cuando esta le remitió otra de las piezas de «Pokemon», igualmente rechazada. La juez asturiana se pregunta si «resulta aquí aplicable lo señalado por el Tribunal Supremo de las inhibiciones tardías», ya que «han sido innumerables las medidas de investigación llevadas a cabo desde el inicio de la investigación en 2011». A su juicio, «carece de todo tipo de justificación» que Pilar de Lara «mantener abierta la investigación» cuando «las primeras diligencias son de 2011 y las que afectan directamente» a la pieza que se remite a Avilés «se inician en 2014».

Trama asturiana

En el plano competencial, la juez Márquez considera que no sería el partido judicial de Avilés el competente para asumir la pieza, ya que los hechos investigados que acarrearían una mayor atribución de penas se habrían cometido en Oviedo, y por tanto estarían en la jurisdicción de la Audiencia Provincial de Asturias. Entre las actuaciones investigadas, están presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales.

Esta séptima pieza de la macrocausa «Pokemon» ponía el foco en varios «conseguidores» de Aquagest y la empresa GRS, y sus relaciones con los ayuntamientos de Tapia de Casariego, Pila Siero, San Martín del Rey Aurelio, Cangas del Narcea, las empresas Sabico y Hunosa e incluso la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, a la que se señala por haber «justificado un pago de 25.000 euros por un trabajo que en el mejor de los casos estaría valorado en 3.000€».

El Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo acusó recibo de la causa devuelta el pasado 29 de agosto, y un día más tarde libraba una providencia de la juez Pilar de Lara a la Fiscalía «para que emita informe sobre el planteamiento de una cuestión de competencia territorial ante el Tribunal Supremo».

A punto de cumplirse siete años del inicio de las diligencias que derivarían en la «operación Pokemon», ninguna de las piezas que componen la macrocausa ha sido juzgada, varias han ido directamente a la nevera tras ser sobreseidas, y el resto se mueven entre el limbo competencial —teóricamente remitidas a otros juzgados como los de Santiago, Avilés o la propia Audiencia Nacional, sin que se sepa de nuevas actuaciones— o su continuidad en manos de De Lara, que las sigue instruyendo.