La juez ignora a los Franco y deriva a la Audiencia la reclamación de los gastos de Meirás

«La sentencia es clara y motivada al respecto» , se limita a indicar la juez Canales, según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico. Es decir, tendrá que ser la instancia de apelación —la Audiencia Provincial— la que resuelva esta cuestión, que para Antonio Gil Evangelista y Luis Felipe Utrera-Molina, los abogados de la familia, no se ajusta a derecho, al entender que en modo alguno una «mala fe posesoria» puede derivar en la pérdida «del derecho de la liquidación del estado posesorio». Así, en su escrito de aclaración presentado la pasada semana recordaban que el Código Civil establece que «los gastos necesarios se abonan a todo poseedor» , una lectura compartida por distintos expertos en derecho civil consultados por este periódico.

Ante la sorpresa por la redacción de la sentencia, los abogados de los Franco pidieron una aclaración a la juez por si en realidad lo que se planteaba era que los herederos perdían el «derecho de retención», lo que les permitiría continuar con la posesión de Meirás hasta que se les liquidaran los gastos. No es así: la respuesta de la juez de primera instancia es tajante y la entrega del Pazo al Estado no conllevará indemnizacion alguna. Ello a pesar de que la familia recuerda «que la edificación reivindicada se incendió y el edificio siniestrado se reconstruyó o rehabilitó , pasando a presentar el estado que actualmente presenta, con cargo al patrimonio de los demandados», es decir, Carmen Franco y sus hijos.

La controversia por la supresión de indemnización alguna a los Franco no es solo de fondo, sino también formal. La Abogacía del Estado, en su escrito de demanda, presupuso la buena fe posesoria de los nietos del dictador , en sintonía con las conclusiones del informe del comité de expertos creado por iniciativa del Parlamento de Galicia. Sin embargo, en la vista previa de enero, la Abogacía modificó su postura e introdujo la mala fe posesoria para negar la liquidación del estado posesorio, expresado igualmente durante la vista oral celebrada en julio. La defensa de la familia entiende que este cambio de criterio no tiene amparo legal. Los Franco ya anunciaron que recurrirían la sentencia de primera instancia.