El juez excluye a Orozco de su última pieza de la Pokemon y acaba su calvario judicial

Mientras estuvo al frente del juzgado, Pilar de Lara sostuvo siempre que Orozco había sido receptor de mordidas por parte de Vendex a cambio de la adjudicación del contrato de la ORA en la ciudad a su filial Doal, habiendo además aprovechado su cargo para colocar a una mujer en esta empresa. Ahora, su sucesor en el juzgado considera que «no hay indicios» de que Orozco tuviera parte en la trama, «más allá de la interpretación de los agentes intervinientes en las escuchas».

Y ello, a pesar de «la amplísima investigación patrimonial llevada a cabo respecto del mismo y su entorno familiar más próximo (esposa e hijas)», en la que nunca «se detectaron incrementos de patrimonio que pudieran reflejar el cobro de algún tipo de comisión , mordida o soborno, sobre lo que no hay más que suposiciones o hipótesis». El fiscal llegó a afear que de Lara instigase «investigaciones generales dirigidas a la búsqueda de algo que pudiera ser un indicio de delito».

«Nos movemos en el terreno de la conjetura o sospecha, no ha llegado a haber indicio alguno», añade el instructor en el auto conocido este jueves, «en particular, no se constató entrega controlada de dinero» a Orozco «y que esta tuviera lugar a través de Liñares, lo que sería otra suposición más, huérfana, una vez más, de sustento indiciario». A pesar de esto, el exalcalde lucense penó durante más de diez años como investigado en esta causa.

También se descarta el delito de tráfico de influencias o el de negociaciones prohibidas a funcionarios en su petición para que Vendex contratara a «una mujer, parece ser que necesitada económicamente». El juez Brage no observa que se valiera de su cargo de alcalde «para ejercer una presión moral determinante para obtener una resolución arbitraria» y contraria a «el interés público. Junto a Orozco archiva la causa que se seguía contra el abogado Martín Bassols, el jefe de tráfico Manuel García Ferreiro, el ingeniero Pablo Fuentes, el jefe de contratación Manuel Louzao y otros cuatro técnicos municipales.

Separado el grano de la abundante paja, la acusación se centra en la trama que conformaban el exconcejal Francisco Fernández Liñares —ya condenado en otra pieza de la ‘Pokemon’ por recibir mordidas a cambio de obras públicas mientras presidió la Confederación Miño-Sil—, los directivos de Vendex Gervasio Rolando Rodríguez y José María Tutor, y el ordenanza municipal y gerente de la anterior concesionaria de la ORA , José María Reguera, que se enfrentan a una acusación por un delito de cohecho pasivo y activo, y otro de integración en grupo criminal.

Según detalla el juez en su auto—una línea que ya había trazado previamente Pilar de Lara—, los cuatro habrían amañado el concurso público para la concesión del servicio de estacionamiento regulado de Lugo. «Así lo pactaron» los acusados, «comprometiéndose Liñares en la reunión, en la que actuaba como interlocutor político del Ayuntamiento de Lugo —del que era concejal— a lograr hacer efectiva dicha adjudicación», aunque puso un precio: le pagarían 3.500 euros mensuales hasta alcanzar los «42.000 € al año , que él percibiría en pago por sus gestiones».

Las mordidas tenían su infraestructura. Vendex constituyó ese 208 una sociedad fantasma cuya única función era, precisamente, abonar los sobornos a Liñares, que se entregaban trimestralmente en metálico, disimulados dentro de un ejemplar del diario Marca . La entrega la hacía Tutor, responsable de Vendex en Galicia, siguiendo indicaciones de Gervasio Rolando, máximo responsable del grupo.

Liñares habría puesto el cazo «desde el inicio de la prestación del servicio en 2009 hasta, al menos, septiembre de 2012». Los sobres con el dinero se le entregaban en su casa —según relata el auto— y las reuniones se concertaban empleando «lenguaje en clave como es propio de los grupos y organizaciones», desde apelaciones a «la pintura», «los convenios» o «la prensa deportiva». Para maquillar estas extracciones de efectivo, Vendex las reflejaba como préstamos entre sus distintas sociedades filiales.

No importó que el TSXG anulara con sentencia firme en mayo de 2012 el concurso amañado que le valió a Doal la concesión de la ORA, ya que esta continuó hasta que la actual alcaldesa lo anuló en 2015 y se reinició el procedimiento administrativo. En total, la instrucción estima que el presunto fraude habría permitido un beneficio ilícito a Vendex de alrededor de 13 millones de euros.