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Los Franco tienen seis días para entregar el Pazo de Meirás, incluidos sus muebles

La juez mantiene el próximo jueves como fecha de recepción del inmueble por parte del Estado, que además tutelará el depósito judicial de los enseres hasta que haya una sentencia firme

Carmen Calvo convoca a Xunta, Diputación y Concello de Sada el miércoles para abordar la futura gestión y los usos del inmueble una vez pase a manos públicas

Vista de las torres del pazo de Meirás, en la localidad coruñesa de Sada MIGUEL MUÑIZ
José Luis Jiménez

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Los Franco han vuelto a darse de bruces con la juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña. En un auto dictado este viernes y que ya conocen las partes, la magistrada Marta Canales ha decretado el depósito judicial de todos los bienes del Pazo de Meirás hasta que, en la ejecución definitiva de la sentencia, se determine qué elementos pertenecen a la familia del dictador y cuáles deben permanecer en poder del Estado. La juez acepta una vez más íntegramente las pretensiones de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia, y a mayores niega la ampliación del plazo de entrega de Meirás: los Franco deberán depositar las llaves en sede judicial este 10 de diciembre a las 11 de la mañana.

«Llegado el momento de la ejecución definitiva deberá determinarse, tal y como interesa el Estado, la extensión de la obligación de entrega y dilucidarse cuáles son las partes integrantes que conforman el inmueble, cuáles son los elementos accesorios que deben entregarse conjuntamente con el mismo y cuáles son aquellos bienes que por intención de su propietario se han vinculado de forma definitiva con el inmueble», recoge el auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). El depositario de los bienes será el propio Estado, y la magistrada interpreta que los Franco «en puridad parecen mostrarse conformes» con que así sea, «si bien lo supeditaban a que reconociese que los bienes eran suyos o abonase un precio razonable ».

La única excepción que establece la juez será « permitir la retirada de aquellos objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significacion del Pazo como Bien de Interés Cultural, y cuya retirada nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el Pazo, en el caso de que llegue a confirmarse la sentencia». Esta indeterminada formulación podría permitir a los Franco llevarse algo, todo o nada, en función de lo que considere la Abogacía, que está marcando los tiempos y el criterio en el proceso.

En su argumentación —que reproduce la expresada por Abogacía y Xunta el pasado miércoles en la vista judicial—, la juez Canales entiende que «acceder a la práctica del inventario» no supone «que el Estado tenga derecho a todos los bienes» que están «en el interior y exterior» del Pazo, «sino que ante su inminente vaciado, tratándose de un bien BIC» y en aplicación de la consideración que el Código Civil hace de bienes accesorios o integrados en un inmueble, era oportuno autorizar el listado de enseres. «¿Podía permitirse que los demandados trasladasen todo tipo de bienes, desconocidos, en los camiones?», se pregunta, «la respuesta se imponía cautelarmente, no; era necesario saber qué existía en Meirás» .

«Será, hecho el inventario, cuando el Estado tendrá que plantear qué bienes entiende que han de ser entregados o no» , y la familia Franco «podrá discutir qué bienes forman parte, cuáles no, o lo que tengan por conveniente, incluso negándolo todo». Pero, entiende la juez, de no procederse al inventario y al posterior depósito de todos los bienes «nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido». Además, la juez justifica que el Estado no hubiera reclamado la propiedad de ningún bien mueble de Meirás dado que «no había podido entrar» en el inmueble.

Entiende la juez que la urgencia de adoptar esta decisión —sobrevenida tras una petición de la Abogacía, pero que no se incluía en el auto de ejecución provisional— «surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar voluntariamente el bien, previamente quieren proceder al traslado de bienes en 50 camiones —afirmación publicada en prensa y atribuida a fuentes próximas a la familia—, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué».

Durante la vista del pasado miércoles, el abogado de los Franco cuestionó el plazo inicial de 20 días dado por la juez para la entrega del Pazo al Estado, en la ejecución provisional de la sentencia. «Yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron veinte días para retirar todos sus bienes» , replica ahora la magistrada, y reprocha a los demandados que no se opusieran al auto de ejecución.

Por último, y de nuevo atendiendo a la solicitud de la Abogacía del Estado —tras una petición previa de la familia Franco—, la juez sí extiende el plazo para abandonar Meirás al matrimonio de guardeses de la finca. Dispondrán hasta el 15 de enero para abandonar la vivienda de la que venían disfrutando hasta la fecha.

Carmen Calvo convoca reunión

Poco después de que se conociera la decisión del juzgado, la Vicepresidencia Primera del Gobierno ha remitido una invitación a la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de La Coruña y el Concello de Sada para participar el próximo miércoles por la tarde en una reunión que debe ir definiendo el modelo de gestión y los usos del Pazo de Meirás, una vez se materialice su paso a manos públicas, según informa Efe.

A través de una carta, Carmen Calvo se dirigió a Alberto Núñez Feijóo, Valentín González Formoso y Benito Portela, respectivamente. Fuentes de la Xunta han asegurado a ABC que la participación en la reunión del presidente gallego no está confirmada . El encuentro tendrá lugar en la víspera de que el Estado adquiera, provisionalmente, la propiedad del inmueble y la tutela judicial de los bienes que se albergan en su interior.

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