Una juez anula el fichaje de una exconcejal de Ciudadanos por el gobierno socialista de La Coruña

Mónica Martínez se presentó a las elecciones municipales de 2019 en La Coruña en las listas de Ciudadanos. Sin embargo, como el partido no consiguió el mínimo de dos concejales, Martínez acabó integrándose en el grupo mixto . Pasó a desempeñar su labor como concejal a tiempo parcial, con un mínimo de seis horas, por los que recibía algo más de 44.680 euros brutos anuales en 14 pagas.

Poco más de un año después, el 1 de junio de 2020, Martínez pidió su baja voluntaria como afiliada de la formación naranja, lo que Ciudadanos acepó de inmediato. Y solo tres meses después, el 1 de septiembre , la alcaldesa la nombró miembro de la junta del gobierno local, como responsable de la cartera de deportes . Con ello su sueldo crecía sensiblemente hasta la cantidad de 59.582 euros brutos anuales, 15.000 euros más que los que tenía como edil no adscrita. Esto sería clave luego en la sentencia.

La oposición puso el grito en el cielo con este fichaje y el grupo municipal de Marea Atlántica dio el paso de llevar el asunto a los tribunales . Y, ahora, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo de La Coruña le ha acabado dando al razón. En su sentencia, la juez concluye que las mencionadas resoluciones por las que se designó a Martíne z vulneran la legislación de la Ley de Bases de Régimen Local . El motivo es que esas designaciones «suponen que la concejala no adscrita sume nuevos cargos económicos con incremento de sus resoluciones », recoge el auto. Por eso el fallo declara la nulidad de las mismas.

La resolución del juzgado contencioso, contra la que todavía cabe recurso, no se limita a tumbar, por considerarlos nulos, los nombramientos de Martínez como miembro de la junta del gobierno local y como responsable del área municipal de deportes y a dejarlos «sin efecto».

La sentencia también insta al concello coruñés a «cuantificar las cantidades percibidas como consecuencia de dichos acuerdos, que deberán ser reintegradas al Ayuntamiento con los intereses correspondientes». Todo ello, además, con la imposición de costas al Ayuntamiento hasta un límite de 700 euros que irán dedicados a sufragar los honorarios de la abogada contratada por Marea Atlántica, que había presentado el recurso.