Jorge Suárez presionó a una funcionaria para que diese trato preferente a su edil de urbanismo

Los hechos se remontan, según el relato que hace la funcionaria en su denuncia, al pasado 16 de julio, cuando la concejala Fernández Lemos —declarada tránsfuga del PSOE al mantenerse en el grupo de gobierno de Suárez a pesar de la prohibición expresa del partido por el que concurrió a las elecciones municipales— se presenta en sus dependencias para indicarle que existe un error en un certificado elaborado días antes, «que el interesado era su cuñado, que está muy grave y que hacía muy urgente la emisión de un nuevo documento».

La trabajadora indica que al día siguiente «a última hora» estuvo con la concejala «comprobando los datos» para evitar nuevos errores. El día 19 interrumpe la corrección del certificado «por falta de tiempo pues había que comenzar la atención al público», y es cuando termina este horario, a las dos del mediodía, cuando se presenta en estas oficinas la concejala «para preguntar nuevamente por el certificado, que continuaba inacabado».

«Tras conocer su estado de tramitación, comenzó a gritar y a humillarme delante de las personas que allí esperaban para ser atendidas, así como sometiéndome a coacción para que le resolviera el asunto de forma inmediata», es decir, «que dejara de atender al público y que resolviese lo que ella quería». La funcionaria le propuso atender primero a los ciudadanos que guardaban la cola «pero no quiso esta solución (...) Ella tenía que ser atendida primero que nadie y salió de la oficina dando un portazo».

La siguiente noticia que tuvo esta trabajadora fue un correo que se le remitió desde Alcaldía en el que se le ordenaba que el certificado debía estar emitido y entregado a la secretaria del regidor al día siguiente «a las nueve de la mañana». Suárez apeló a la «facultad» del alcalde de «alterar la orden de despacho de asuntos o expedientes cuando existan razones motivadas». El regidor indicó que esta urgencia «se justificaba por encontrarse esta persona en una situación de enfermedad de carácter terminal».

«No se entiende, señor alcalde, dado que usted conoce la situación de precariedad con la que se trabaja en esta dependencia, el correo que envió», le afea la funcionaria, «sería prudente por su parte saber hasta donde llega su capacidad para alterar el orden de tramitación de los expedientes», ya que «el principio general es tramitar por orden, y la alteración de este no puede basarse en que este expediente es de interés para un miembro del gobierno (...) por muchas razones humanitarias a la que se pudiera acoger». «No tuvieron esa oportunidad las personas que durante estos dos meses llevaban haciendo cola más de una hora, y a las cuales solucionarle sus problema si está en sus manos», concluye.

A través de un comunicado, el ayuntamiento ferrolano ha negado este jueves que proporcionara«en ningún caso y de ningún modo un trato preferente» a la concejala de obras , sino que en realidad se trató de «un perjuicio» a un vecino «en una situación límite». Esta persona «precisaba de un certificado del departamento de Estadística para remitir con agilidad al juzgado y cumprir con su voluntad».

Según la versión municipal, dicho certificado fue solicitado «por un amigo íntimo de la familia» en este departamento hasta tres veces por ventanilla, pero «reiteradamente, el certificado presentaba errores que lo invalidaban para su propósito» . «Once días y cuatro certificados erróneos después, el documento que fue requirido con la máxima premura por razones de pura humanidad, fue emitido y rectificado por última vez el 24 de julio, pero no llegó a tiempo», añade el consistorio.

El ayuntamiento reconoce que, en efecto, el alcalde envió un correo electrónico a la funcionaria del servicio para que le emitiera el certificado de manera urgente, pero que eso no significó dar trato de favor a este vecino —cuñado de la concejala de urbanismo, según la denuncia de la trabajadora— porque esa competencia para «alterar el orden de despacho de asuntos y expedientes cuando existan razones justificadas» está recogida por la legislación. Por último, el consistorio acusa a ABC de «querer perjudicar al alcalde y al equipo de gobierno», entre otras descalificaciones.

En su nota, el consistorio no desmiente en modo alguno que la concejala de urbanismo —la tránsfuga socialista María Fernández Lemos— exigiera ser atendida por la funcionaria antes que los vecinos que hacían cola en el servicio de Estadística, ni que el beneficiario del informe fuera un pariente, ni la existencia de la queja de la mencionada trabajadora.

*Por un error, en una versión inicial de esta noticia se indicó que María Fernández Lemos ostentaba responsabilidades en el gobierno municipal como concejala de Obras cuando, en realidad, su área de competencias es Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación.