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Tribunales

Los jefes de Resistencia Galega reconocen los cargos por terrorismo para evitar el juicio

Antón García Matos y Asunción Losada se enfrentan a 51 años de prisión cada uno

Losada y García Matos, en dos imágenes de archivo ABC

Patricia Abet

El fin de la banda terrorista Resistencia Galega se escribirá en la sombra, el mismo lugar que sus dirigentes eligieron para esconderse durante años hasta que un complejo operativo policial los localizó en un monte de Fornelos. Según fuentes jurídicas confirmaron, Antón García Matos y Asunción Losada mostraron su conformidad con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía —que les atribuye delitos de integración en organización terrorista y fabricación de explosivos con el objetivo de atentar — para evitar el juicio previsto para este lunes en la Audiencia Nacional. Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de 51 años de prisión , aunque esta pena se podría ver rebajada tras el acuerdo. El mismo camino para esquivar al tribunal lo siguieron Miguel García Nogales y Xoan Manuel Sánchez Rodríguez, dos colaboradores de la banda que también aceptaron la acusación del Ministerio Público, suscrito por el fiscal Marcelo Azcárraga , que solicita doce años entre rejas para cada uno de ellos por su implicación con RG.

El ocaso de Resistencia, última organización en activo en España desde su formación en 2005, se empezó a escribir en el verano de 2019, cuando sus dirigentes fueron sorprendidos en una remota vivienda en la que no había ni luz ni agua caliente . La precariedad y la miseria marcaron los catorce años que la pareja pasó en busca y captura por su actividad terrorista. Casi no se relacionaban con nadie y malvivían del poco dinero que sus afines les conseguían. Fue así, en uno de estos encuentros para abastecerse, cómo los agentes dieron con su paradero. Muy desmejorados físicamente, y tras haber pasado un tiempo en Venezuela y Portugal, García Matos y Losada fueron detenidos y su infravivienda, registrada. Los efectivos localizaron en ella multitud de documentos y material informático, además de varias armas y dinero en efectivo.

La última aparición conocida de ‘Toninho’, previa a su arresto, fue un vídeo difundido en julio de 2014 en el cual exhortaba a los militantes de la organización a seguir cometiendo actos violentos . Poco después, el 1 de octubre de ese año, un potente explosivo causó numerosos estragos en la casa consistorial de Baralla en la que fue la última de las acciones armadas conocidas de Resistencia Galega. En total, a la desaparecida organización se le atribuyen medio centenar de atentados por los que siete de sus integrantes cumplen prisión ya. El arresto de sus líderes supuso el estacazo definitivo a una organización que respiró durante años gracias a los comandos que tenía repartidos por la geografía gallega y cuyos miembros seguían al pie de la letra las instrucciones que la cúpula dictaba vía Portugal tras la ‘ Operación Castiñeiras ’, inicio de su fuga.

Fuentes policiales apuntan a que Resistencia nunca superó el medio centenar de miembros activos , que fueron cayendo por la falta de experiencia y unión, y la presión policial a la que se acabaron viendo sometidos. Los blancos de esta organización, muy activa en sus primeros años, fueron las sedes de los principales partidos políticos, oficinas del Inem, cajeros, entidades bancarias , constructoras e incluso ayuntamientos. Tampoco escaparon a su violencia las viviendas de algunos catedráticos, empresarios y políticos, caso de la residencia en Perbes de Manuel Fraga en 2011. Estas acciones nunca llegaron a provocar daños humanos, pero sí cuantiosos daños materiales . Según la Fiscalía, su objetivo era «lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España y una parte del norte de Portugal».

Hasta el momento de su detención, García Matos y Losada figuraban entre los terroristas más buscados de España, hasta el punto de que sobre ellos pesaba un código rojo de Interpol, orden internacional de busca y captura. Su arresto puso la puntilla a unos años de varapalos judiciales a los comandos a través de los que operaban en Galicia, caso de los diez detenidos en la «Operación Jaro» llevada a cabo en 2015. La Policía da por desarticulada la banda.

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