Industria regula que el comercio rotule indistintamente en gallego o castellano

A. MARTÍNEZ
SANTIAGO Actualizado:

La renovada Ley de Comercio del equipo de Núñez Feijóo pondrá fin al intento de obligar a la industria a emplear esencialmente el gallego en las tiendas o dependencias, disyuntiva insinuada expresamente en una propuesta que planteó el ejecutivo de Touriño, ahora relevada. La actual norma da libertad absoluta a los dueños de los negocios para colocar sus letreros en cualquiera de las lenguas oficiales que consideren oportuna, conforme a la «libertad de empresa y establecimiento». El conselleiro de Economía de Galicia, Javier Guerra, dijo que la iniciativa pretende «vertebrar y proteger al sector, y garantizar los derechos básicos de comerciantes y consumidores».

El proyecto que pretendía instaurar la coalición de PSOE y BNG cuando gobernaba no sólo se metía en las relaciones con los clientes, sino también en las inscripciones interiores y exteriores. El frentista Bieito Lobeira llegó a decir que su idea estaba llamada a dar la vuelta a la «ecuación perversa» que sufría el idioma de Rosalía. Los carteles e información debían estar disponibles, al menos, en gallego. Así era esta cruzada.

El diputado del BNG subrayó en su momento que el problema en Galicia es diferente al de Cataluña, «porque aquí la Administración debe abrir caminos para la normalización y velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos de una sociedad que en su mayoría habla gallego, pero que no puede ejercer su derecho a hablarlo en las actividades y relaciones comerciales varias», manifestaba.

Mucho más claro se había mostrado con la «oferta positiva en gallego» (así bautizó este ingenio) que aconsejaba inculcar en los locales que la atención al público fuese de partida en la lengua propia autonómica; que la Xunta promoviese «campañas específicas de galleguización en las grandes áreas comerciales» donde se hubiesen registrado «casos de discriminación lingüística» hacia el gallego, únicamente; y que la inclusión del gallego fuese valorada como «mérito» a la hora de recibir ayudas públicas en las convocatorias oficiales. De hecho, existe una subvención desde hace tiempo por rotular en la lengua gallega.

Con estas otras decisiones, el Bloque quería revocar la normalización del castellano en un sector que da empleo a 114.000 personas y mueve un 13% del PIB en Galicia. Según Lobeira, esa práctica habitual de empleo del castellano remitía a una «imposición histórica» del idioma. «Es increíble que hoy existan prejuicios, o rebajas, hacia el gallego, pues algunas personas siguen identificando el castellano con modernidad, dinero e innovación; cuando, al contrario, vender en gallego no empobrece, enriquece», razonaba Lobeira.

Cartas de la Mesa

La visión de esta acción política no ha cambiado. La Mesa del Gallego, afín al frentismo, y dirigida por Carlos Callón, llegó a ser denunciada por comerciantes que hablaban de unas supuestas cartas enviadas a sus oficinas, en las que se les hacía saber que no estaban actuando en consonancia con el mensaje lanzado (por rotular o dar información en castellano), y que si no cumplían con las recomendaciones ofrecidas, podrían ser incluso sancionados.

La Xunta del PP creó una proposición, tal y como indicó el presidente regional, Alberto Núñez Feijóo, «hecha de la mano, y no de espaldas a los comerciantes gallegos», para luego acentuar la «racionalización y simplificación administrativa que acarrea esta norma».