El Gobierno descarta ahora la posibilidad de nacionalizar Alcoa

Así lo aclaró el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición del Gobierno y de la Xunta para que vendiera la planta y que, avisó, atenta contra el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa. De esta manera Industria confirma que no se realizarán tales acciones, pero ofrece una mano tendida a la multinacional y a los trabajadores para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, en busca de una «solución pactada y negociada», recoge Efe.

En la audiencia sobre este ERE figuran como demandantes tres sindicatos (CCOO, UGT y CIG), mientras que Xunta y Gobierno central intervienen como partes interesadas. Sobre el objeto de la vista, el abogado de Industria se mostró partidario de que la multinacional del aluminio se abstenga de proceder a la hibernación de las máquinas y al despido de los trabajadores, al menos hasta que exista una sentencia sobre el procedimiento del despido colectivo.

Esto no supondría «injerencia» en la intervención de la empresa y la medida sería « menos invasiva cuanto antes se resuelva en relación con el fondo del despido»; además, abundó el letrado, esta situación permite «continuar las negociaciones a fin de lograr una solución satisfactoria para las partes». A este respecto, se posicionó en contra de la intervención judicial por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), puesto que, consideró, sería una «medida intrusiva» que, además, «supone un cambio de administración».

El abogado del Estado que interviene en representación del Ministerio de Industria en el proceso judicial sobre la solicitud de medidas cautelares ante el ERE en Alcoa San Cibrao defendió, a su vez, su papel de « mediador cualificado » en la venta de la multinacional del aluminio, asegurando también que sirve como «garantía a las partes» en el proceso.

La multinacional, sin embargo, alega que no puede parar el ERE para los 524 trabajad ores por las pérdidas severas y recurrentes de la planta. La representación legal de Alcoa entiende que debe rechazar las medidas cautelares planteadas por los sindicatos, junto al comité de empresa de la fábrica de Cervo (Lugo). El letrado de la parte demandada explicó y cifró las pérdidas en 170 millones en los últimos tres años , incluidas las del actual ejercicio, que ha cifrado en 58 millones. Unos datos en los que «no está incluido el impacto de la huelga», matizan desde la multinacional.

De igual modo se cifró el coste que supondría para la empresa el rearranque en San Cibrao: 40 millones que podrían verse reducidos a 35 si se produce una hibernación o parada óptima, según aseguró el jefe de tecnología de Operación de Electrólisis en Alcoa, Joaquín Fernández.

También quiso hacer su valoración el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, después de declarar ante el TSXG. En declaraciones ante los medios y aseguró que están « seguros » de que les concederán la cautelar porque «el argumento de Alcoa es siempre el mismo, que quieren parar las cubas» y condenó que la empresa no ponga otras soluciones en la mesa. «No se puede permitir que una multinacional americana ponga de rodillas a la democracia española», sentenció.

La entrada principal del complejo industrial de Alcoa San Cibrao fue escenario de protestas por parte de los trabajadores de la multinacional durante la jornada de ayer. Los profesionales reclamaron, una vez más, una solución que permita garantizar la producción y los puestos de trabajo en la fábrica de aluminio primario.

En consonancia, miembros del comité de empresa y trabajadores de Alcoa San Cibrao representaron ayer en la entrada principal de la planta el fusilamiento y posterior entierro de A Mariña por parte de la multinacional, informa Efe. El acto fue representado por un muñeco con la ropa de trabajo de Alcoa, que fue enterrado en un agujero cavado en la tierra. En la lápida, se podía leer «A Mariña» .