Alu Ibérica entra en concurso de acreedores

En un auto al que ha tenido acceso ABC, Tardón explica que el administrador remitió un informe al juzgado en el que describe la situación de ambas plantas como de «insolvencia». El documento se presentó en el juzgado el pasado 26 de octubre y Ramón Juega explica que la empresa tenía deudas con la Agencia Tributaria desde principios de 2020 y que desde octubre de ese año se dejó también de pagar a la Seguridad Social. Además, Alu Ibérica n o había pagado a «proveedores, acreedores, entidades financieras y organismos públicos». Las deudas son de suficiente entidad como para considerarlas «sobreseimiento generalizado» en sus obligaciones corrientes, indica el administrador. « Cabe significar que al margen de pagos de sueldos y salarios que formaba parte del compromiso adquirido con Alcoa, el resto de obligaciones han sido desatendidas de forma generalizada», señala el auto.

El administrador judicial también apunta en su informe a un posible delito de «alzamiento de bienes», si bien considera que no le corresponde pronunciarse. Sí indica que «la venta de derechos de CO2 durante el ejercicio 2021 como la realización de materia prima que había sido depositada por sus legítimos titulares en régimen de maquila (...) son claramente incidiarias de una galopante situación de insolvencia».

Ante esta situación, la jueza de la Audiencia Nacional ha optado por autorizar el concurso. Tardón decidió hace unos meses apartar de la gestión al Grupo Riesgo al apreciar indicios de que estaban intentando desmantelar la factoría en su propio beneficio. En el caso figuran también como investigados el fondo suizo Parter, que compró las plantas a Alcoa en un primer momento y la propia multinacional del aluminio. La ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunió la semana pasada en Avilés con los trabajadores. Según informó Ep, Maroto confió entonces en que el concurso de acreedores es el marco legal adecuado para que puedan aparecer nuevos inversores. La ministra aseguró a la plantilla que ya hay algún grupo interesado. Los trabajadores «no se fían ya de nadie», recordó el presidente del comité de empresa de la factoría asturiana, José Manuel de la Uz. En julio de 2019, el fondo suizo Parter adquirió la planta con el aval de los gobiernos central y autonómico. Como ha destapado ABC, ya en ese momento tenía condenas en Francia por quebrar empresas.