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CORRUPCIÓN

Gorriarán aún defiende la ruinosa operación de Caixanova en Rivas

El préstamo a una constructora acabó ocasionando un agujero de 41 millones

Los directivos de Caixanova, ayer en el banquillo EFE

J. L. J/EFE

La cúpula de la antigua Caixanova, de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder por su ineficiente gestión al frente de la vieja caja. Tras ser condenados en 2016 por el escándalo de las prejubilaciones millonarias durante la etapa de Novacaixagalicia, ahora es el turno de una de las siete operaciones ruinosas que acabaron con un agujero milmillonario que hubo de ser tapado por el FROB con dinero público y que han sido investigadas por la justicia. Desde ayer, la Audiencia Nacional juzga a Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Domingo González Mera por una operación de crédito en Rivas (Madrid) en 2007 que fracasó y acabó anotando pérdidas de 41 millones de euros en la entidad.

Durante la primera jornada de declaraciones en el plenario, Gorriarán –exdirector general adjunto de la entidad del sur de Galicia– defendió de nuevo la operación , que en su día él mismo valoró personalmente de forma positiva en base a un primer informe de tasación. En sus propias palabras, era una operación «interesante», y que tenía el aliciente además de arrebatársela a La Caixa, que también estaba interesada en su financiación.

Sin embargo, para la Fiscalía Anticorrupción, los riesgos de este préstamo no fueron explicados al Consejo de Administración puesto que, con carácter previo a su aprobación, Caixanova se habría servido de análisis incompletos que no distinguían el valor entre las fincas y se basaban en una tasación que incluso advertía de la necesidad de recabar una cédula urbanística.

Tampoco se habría valorado que la sociedad prestataria, en la que participaba, entre otros, Gorrigebe –sociedad propiedad del hermano de Gorriarán–, presentaba problemas de liquidez y solvencia , con un elevado endeudamiento financiero propio, en un momento en el que era patente la ralentización de las ventas de inmuebles por la incertidumbre que planteaba la crisis.

Un extremo que ha sido rechazado por Gorriarán que, con un recurrente tono airado, reconoció que aunque les llegaron algunas alertas de analistas que advertían de un frenazo en el sector, Caixanova descartó las dudas tras conocer la opinión del tasador de Rivas ACI.

«(El tasador) dijo que durante la construcción de la urbanización se iba a dar la venta del 75 por ciento de los 420 pisos, y que el resto se iba a vender en un periodo de siete meses desde la conclusión de la obra. No voy a llevarle la contraria», argumentó ante la sección cuarta de la sala de lo Penal para defender que la operación era razonable.

Asimismo, el exdirectivo negó que estuviera al tanto de los negocios de su hermano , pues éste «no me comentaba nada ni de esto ni de las 24 promociones inmobiliarias que estaba desarrollando en otras zonas», como Cantabria, Asturias y el País Vasco. No obstante, Gorriarán sí acabó por admitir que fue su hermano quien le presentó a uno de los socios de la promoción «pero como persona», sin vinculación con ningún tema profesional, ya que su hermano «era una persona conocida» que «ha jugado años en Primera División».

Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación del FROB, pide para los exdirectivos cuatro años de prisión por la gestión fraudulenta del patrimonio de la caja, pena que Abanca, en calidad de heredera, rebaja a tres años de cárcel. Entre hoy y mañana declararán los tres exdirectivos restantes.

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