Reunión de trabajadores de Alcoa con el BNG
Reunión de trabajadores de Alcoa con el BNG - EFE
ECONOMIA

El Gobierno vuelve a cerrar la puerta a una nacionalización de las plantas de Alcoa

Los sindicatos recelan de la propuesta de la empresa de conservar 200 empleos y de dejar en suspenso otros 500 a la espera de un comprador

M. Nespereira
SantiagoActualizado:

Ya lo advirtió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en una visita a Galicia el pasado noviembre:«No estamos en un régimen comunista», dijo, sobre la posibilidad de nacionalizar las dos plantas de Alcoa amenazadas de cierre. Así que ayer el Ejecutivo no hizo más que caminar por el mismo sendero. A cuatro días de que finalice el plazo legal para negociar el ERE que amenaza la continuidad de casi 700 empleos en las factorías de La Coruña y Avilés, el Gobierno sigue sin plantearse la posibilidad de llevar a cabo una intervención en la multinacional estadounidense al considerarla contraria a la «normativa europea».

La hipótesis recobró fuerza el pasado jueves, durante la última reunión entre los trabajadores y la dirección. Los sindicatos propusieron a Alcoa ceder la titularidad de las fábricas al Estado para que el Gobierno, junto con los ejecutivos de Galicia, Asturias y los comités de empresa, «puedan buscar algún otro productor que se haga cargo de las mismas». En paralelo, la compañía informó de que sus planes pasaban por mantener alrededor de 200 empleos —vinculados a la parte de fundición de las plantas y la torre de pasta de La Coruña—, y dejar los otros 500 suspendidos a través de un ERE temporal hasta julio, a la espera de un posible comprador. La oferta venía acompañada de un plan social con prejubilaciones y planes de indemnización, pero tampoco así lograron convencer a los comités de empresa, quienes denunciaron que en la hoja de ruta de Alcoa «no se expone ninguna posibilidad de continuar con las fábricas como tal».

De hecho, fuentes sindicales denunciaron a este diario que en realidad la empresa solo busca «dulcificar» el proceso de cierre, dado que si finalmente no se halla un comprador y se echa el cierre a la parte electrolítica —la que concentra a los 500 trabajadores—, la parte de la fundición «no tendría futuro». La primera genera el «aluminio líquido» que supone «entre el 80 y el 90 por ciento» de la materia prima que hace funcionar la segunda, añaden.

Mientras tanto, el Gobierno sigue recalcando que sus objetivos son «garantizar los puestos de trabajo y las capacidades industriales» de las factorías, sin tener que llevar a cabo acciones de otra índole, como una intervención. Fuentes de la Secretaría General de Industria consultadas por EP volvieron a recalcar que la nacionalización de las plantas no está encima de la mesa. Esta semana, uno de los socios del Gobierno del PSOE, Unidos Podemos, amenazó con dejar de apoyar los decretos de Industria si no se actuaba para garantizar el empleo y la actividad.

Críticas al Gobierno

En realidad, el Gobierno se ha quedado sin apoyos en la negociación con Alcoa. Semanas después de anunciar en público la existencia de inversores interesados en las plantas, sindicatos, Xunta y partidos cargan contra la indolencia del Ejecutivo. «El Gobierno nos acaba de echar a los leones», protestó ayer el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, en un encuentro con el BNG tras acusar también a la Xunta de mirar «para otro lado».

Precisamente desde el Gobierno gallego, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, cargó contra la administración central por no haber hecho «los deberes» en el apartado de la regulación del marco eléctrico. Tanto es así que Conde advirtió que la falta de un precio energético competitivo podría desencadenar un «efecto dominó» en otras empresas electrointensivas de la Comunidad.