El Gobierno se alía con Audasa en la causa sobre el cobro de peajes durante las obras de la AP-9

Según confirmaron fuentes conocedoras de los hechos a Ep, la Abogacía del Estado presentó una solicitud para personarse en la causa que ha sido aceptada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, donde tendrá lugar el juicio entre el 11 y el 13 de febrero. Ante esta situación, la Fiscalía ha presentado un recurso de reposición contra la resolución que acuerda tener por personada a la Abogacía General del Estado en la causa, tal y como han informado a Ep fuentes del Ministerio Público.

Así, la Fiscalía ha considerado que esta no es pertinente al entender que «la causa se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios».

Por su parte, En-Colectivo criticó que la Abogacía del Estado haya solicitado personarse en la causa «a escasos días del inicio de la vista principal» y apuntó que la petición se notificó el pasado 28 de enero. Sobre este punto, el presidente de la entidad, Diego Maraña, señaló que la Abogacía del Estado «ha presentado un escrito en el que evidencia un conocimiento amplio de los escritos de demanda y contestación que obran en los autos, a pesar de indicar que hasta la fecha no tenía constancia alguna del expediente judicial».

Respecto al contenido del escrito de solicitud de personación, En-Colectivo ha reprobado que la Abogacía del Estado haya considerado en el mismo que «los hechos que se juzgarán se refieren al ámbito jurídico administrativo y no al civil» y haya entendido que Audasa «ha cumplido como concesionaria, no habiendo vulnerado norma alguna de contratación pública».

Sin embargo, la asociación de usuarios de la AP-9 ha reprobado la posición del Gobierno al asegurar que los servicios prestados por Audasa durante la realización de las obras «no cumplieron con las garantías que le son exigibles como concesionaria» y ha lamentado que, sin embargo, no se haya compensado «de forma alguna» a los usuarios de la vía.

En-Colectivo también ha denunciado que, en su escrito, la Abogacía del Estado haya señalado «el posible perjuicio económico que una eventual estimación de la demanda podría suponerle, como justificación última de su personación». Adicionalmente, la asociación de usuarios de la vía ha insistido en la necesidad de que sea la jurisdicción civil la que dictamine si el cobro de los peajes fue adecuado dado que esta situación afectó «directamente a consumidores y usuarios».

El juzgado ha trasladado el escrito de la Abogacía del Estado para que las partes puedan formular sus alegaciones, pero En-Colectivo ha considerado «precluído el trámite» dada «la fase del procedimiento judicial». En concreto, En-Colectivo reclama a la concesionaria la devolución de los peajes cobrados durante la realización de las obras y el interés generado hasta la fecha, lo que supone importe de unos 200.000 euros .