Galicia debería recibir unos 170 millones más para compensar la dispersión de la población

El Foro Económico presentó esta mañana el documento sobre la reforma de la financiación autonómica encargado por el Parlamento de Galicia. Los grupos de la Cámara tratan de acercar posturas para fijar una postura común ante el debate del nuevo modelo que ha abierto el Gobierno central. El director del Foro, Santiago Lago, apuntó que «los dos grandes elementos de mejora» del sistema para Galicia son el incremento del peso de la dispersión y también la mayor dotación del Fondo de Compensación Interterritorial . Este último es complementario al sistema actual y en los últimos años ha ido perdiendo dotación. La Comunidad llegó a recibir 200 millones de euros, pero en el último ejercicio la cifra se ha quedado alrededor de los 50 millones. El Foro considera que con una revisión «razonable del importe global y las reglas de reparto, Galicia podría acercarse a los 300 millones» .

Los economistas autores del informe, que ya han pasado también por la comisión parlamentaria sobre la reforma de la financiación autonómica, volvieron a insistir en que a la Comunidad no le interesa un sistema de concierto similar al vasco o al navarro . La profesora de la USC, María Cadaval, explicó que según los cálculos realizados Galicia perdería hasta un 10% del presupuestos total de la Xunta con un sistema de cupo. La Comunidad recauda menos por impuestos que otras autonomías y le interesa un sistema solidario de reparto de fondos, apuntó Lago. Si otras comunidades autónomas como Cataluña lograsen el concierto el Foro calcula que los flujos fiscales hacia Galicia caerían en unos 600-800 millones de euros.

El Gobierno central no ha puesto fecha todavía para abordar con las comunidades la reforma profunda del sistema. Hasta ahora ha remitido sólo su propuesta para calcular la población ajustada, uno de los mecanismos que se utilizan para nivelar, para compensar a los territorios a los que por una u otra razón les cuesta más prestar determinados servicios. El Foro sostiene que la nivelación no debe de afectar sólo al gasto en los denominados esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) sino que el mecanismo tiene que ser total y llegar a ámbitos como la justicia, por ejemplo.

La propuesta del Ministerio introduce dos variables nuevas, los costes fijos y la despoblación, que podrían ser preocupantes para Galicia si no se modifican. El profesor de la USC, Xoaquín Fernández Leiceaga, consideró correcto que se introduzcan los costes fijos. Una comunidad pequeña como La Rioja, explicó, va a tener más problemas para sufragar instituciones autonómicas como el Parlamento o la administración que Andalucía. Leiceaga reivindicó que se debería repartir la misma cantidad a todas las autonomías para cubrir estos gastos, pero censuró que «esto no es lo que hace» la propuesta. Los expertos del Foro creen que la variable de la despoblación lo que hace es «sobreponderar» otra variable que ya estaba en el sistema, la de la superficie. Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura saldrían beneficiadas, pero la nueva forma de repartir fondos podría perjudicar a Galicia. Leiceaga recordó que el documento del Ministerio está abierto a cambios y que el resultado final del sistema de financiación será muy diferente de la propuesta inicial tras la negociación.

Desde el Foro también s e rechaza que en los próximos meses se decida condonar la deuda a las comunidades que no pudieron financiarse en los mercados tras la crisis de 2008 y tuvieron que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) creado por el Gobierno central en 2012. Galicia no tuvo que echar mano de este recurso. «No puede ser que la mayor deuda acumulada sea un criterio para la distribución de fondos. Significaría que aquellas comunidades que menos cuidado tuvieron (en la crisis) saldrían premiadas», manifestó Fernández Leiceaga. Su propuesta pasa por que a las comunidades que sí acudieron al FLA se les den facilidades para devolver el dinero , como una ampliación de los plazos de devolución de la deuda hasta los 50 años o más y la garantía de tipos de interés por debajo del 1%.