Los Franco piden más tiempo para hacer la mudanza de Meirás

En el citado escrito, al que ha tenido acceso ABC, se recuerda a la juez Gantes que toda persona condenada a la entrega de un bien mueble dispone de un plazo «objetivamente razonable y suficiente» para efectuarlo dentro del trámite de la ejecución provisional, que en el caso de los Franco lo es también voluntaria. Inicialmente, ese plazo se fijó en 22 días, con el 10 de diciembre como fecha para la entrega de las llaves de Meirás al Estado. Pero todo cambió cuando la pasada semana la magistrada dictó, a petición de la Abogacía del Estado y la Xunta, las medidas cautelares: inventario judicial e imposibilidad de disponer del mobiliario hasta que concluya y así lo autorice la juez.

La defensa de los Franco anticipa que se opondrá a las medidas cautelares en un escrito de próxima presentación, y aprovecha para señalar que éstas no se refieren al objeto del proceso, puesto que ni Abogacía ni Xunta reclamaron durante el juicio de Meirás la propiedad de lo que el Pazo contiene. No obstante, advierte que la aplicación de las cautelares «determina que a día de hoy [la familia Franco] de ninguna manera disponga de un plazo razonable o adecuado para efectuar la entrega voluntaria del inmueble».

Si en su opinión el día 10 de diciembre ya era «un plazo notoriamente exiguo», el nuevo escenario que generan las medidas cautelares introduce enormes incógnitas, ya que los Franco «ni tan siquiera saben de qué plazo disponen » en la actualidad, sabedores además de que los bienes que resten dentro de un inmueble cuando este se entregue están considerados por la legislación como «abandonados a todos los efectos».

Otro elemento que los Franco ponen encima de la mesa es la situación de los guardeses de la finca, que residen en una vivienda dentro de la propiedad. «Dos empleados que tienen dos hijas menores», que también se verían obligados a abandonar su casa, al pasar esta a ser titularidad del Estado. « Han de buscar un lugar alternativo en el que fijar su residencia », apuntan los abogados de los Franco, que por este «motivo fundado» solicitan ampliar «en un mes más» el plazo original dado para ejecutar la sentencia.

Además, dado que los «veinte días naturales» concedidos por la juez Canales para la realización del inventario no empiezan a contar hasta que los técnicos de la Consellería de Cultura reciban el material gráfico y audiovisual realizados por la comitiva judicial el pasado día 11, los abogados desconocen si han empezado ya o no la labor de listado de los enseres. «Pudiera incluso ocurrir que lleguemos al señalado día 10 de diciembre sin que el referido inventario esté concluido y presentado », advierten.

Por todo ello, el letrado Antonio Gil Evangelista solicita que se «deje sin efecto» la fecha prevista de entrega de las llaves del 10 de diciembre , que no se fije una nueva hasta que concluya el inventario y se levante la prohibición de disponer del contenido del Pazo, y que una vez se haga, el plazo para la mudanza de los enseres y de los guardeses se extienda por dos meses.