Los Franco ofrecen dejar los muebles de Meirás provisionalmente a cambio de un «precio razonable»

En la vista se ha dilucidado la procedencia de las medidas cautelares que ya dictó el pasado 9 de noviembre la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña, Marta Canales , el inventario de los bienes localizados en el Pazo y la prohibición de disponer de ellos por parte de los Franco mientras el catálogo no se complete y la magistrada lo autorice. Pero también la última solicitud realizada por la Abogacía la pasada semana, cuando reclamó el depósito judicial de todos los bienes hasta que la sentencia devenga firme y entonces se dilucide la propiedad de cada uno de ellos. «Entrar ahora en el debate sobre qué elementos deben ser incluidos en la obligación de entrega» es «disfuncional», ha defendido Javier Suárez , el abogado del Estado jefe en Galicia, «cuando sea la ejecución definitiva» se habrá de plantear «un debate bien por bien, elemento por elemento», y dado que «sobre distintos bienes muebles hay dudas, la medida cautelar razonable es que queden en depósito».

El abogado de la familia Franco, Antonio Gil Evangelista, ha rechazado que esta medida «respete el principio de proporcionalidad» ya que «no es razonable» que los nietos del dictador «se vean privados de usar, disfrutar y disponer de los bienes del Pazo» hasta que no haya una sentencia firme, que podría demorarse varios años. «Lo que no se puede decir es que como hay muchas cosas en el interior de Meirás , matemos moscas a cañonazos y ya resolveremos las dudas en el futuro», ha expuesto gráficamente. «Estas medidas cautelares son improcedentes por concepto» porque «no tienen por objeto el inmueble sino los bienes muebles de su interior», que no fueron en ningún momento objeto de la demanda, como ha acabado reconociendo el abogado del Estado.

La Abogacía ha sostenido en su intervención que hay «dudas» respecto a qué cosas muebles constituyen la propia consideración de bien inmueble de Meirás , y que dado que este no es el momento procesal oportuno para determinarlo, corresponde decretar cautelarmente el depósito de todos los enseres de su interior para no quebrar la unidad del mismo y condicionar los usos a que pueda dedicarse una vez pase a manos públicas. «Existen en el Pazo muchos bienes incorporados al inmueble y comprendidos en la obligación de entrega», ha expuesto Suárez. Entre ellos, ha avanzado, puede haber elementos de Patrimonio Nacional que pudieran haberse incorporado a Meirás mientras se empleó como residencia del Jefe del Estado, y corresponderá a expertos de esta institución determinar cuáles son.

«Es la primera noticia que tengo», le ha replicado el abogado de la familia Franco, «¿alguien en este procedimiento ha referido la existencia de un bien mueble en el interior de Meirás que sea de Patrimonio Nacional? ». No obstante, «lo haya o no, lo que no se puede pretender en esta vista es alegar novedosamente eso cuando eso en modo o forma alguna se ha referido en todo el procedimiento». «El Pazo de Meirás se incendió en el año 1978, lo reconstruyó Carmen Franco y así lo dice la sentencia, ¿y quién colocó los bienes muebles a raíz de aquello?», ha planteado Gil Evangelista, «aquí se da a entender que los muebles están allí desde Pardo Bazán o desde que Franco compró Meirás en 1938, y no es así».

«¿[Los Franco] se pueden llevar todo?», se ha preguntado el abogado del Estado, «¿los escudos? ¿los relieves? ¿los cruceiros? ¿los hórreos? Tengo mis dudas». Además, ha reiterado que «Meirás es un sitio histórico vinculado a acontecimientos y recuerdos del pasado», por lo que es «su conjunto» lo que es «objeto de protección» como Bien de Interés Cultural. El abogado de la familia ha recordado que la Ley de Patrimonio de Galicia exige que para que la declaración BIC se extienda a los bienes muebles estos deben estar detallados en la solicitud, lo que no ocurrió en 2008 con Meirás. Asimismo, Gil Evangelista ha subrayado que el debate sobre qué elementos muebles pudieran estar o no protegidos no corresponde a un juzgado de lo civil sino al orden contencioso administrativo, ya que la competente en esa materia es la Xunta.

«¿Cuando Franco se reunía en Consejo de Ministros lo hacía en una habitación solo con cuatro paredes y un tejado?», se ha preguntado el abogado de la Xunta de Galicia. Curiosamente, esa estancia donde se realizaban las reuniones del Gobierno quedó reducida a cenizas en el incendio de 1978. Este letrado ha defendido, además, que el contenido del inventario no sea reservado sino que se pueda conocer. El representante de los Franco pedía que, de mantenerse, no se hiciese público por suponer una intromisión en la intimidad de la familia, pero insistiendo en la necesidad de su destrucción.

En su exposición, la Abogacía ha dado a entender que la premura en la solicitud de las primeras medidas cautelares —el inventario y la prohibición de hacer mudanza alguna— derivó de las informaciones en prensa que se referían a que los Franco «iban a vaciar Meirás» . El letrado de la familia se ha preguntado entonces que, si no era para hacer el traslado de los muebles, para qué dio la juez veinte días a los Franco hasta la fecha de entrega del inmueble. «Da ese plazo para que se llevaran sus cosas, que no se nos diga que ese riesgo aparece cuando hay una noticia en prensa», y ha añadido además que «lo de los 50 camiones es falso» .

Por último, ante un argumento expuesto por el letrado de la Xunta, Gil Evangelista ha reiterado que «se nos da a entender que Meirás es una unidad compuesta por el inmueble y los bienes muebles, pero eso no consta en ningún sitio, ni tan siquiera la contraparte lo ha dicho en ningún momento antes de solicitar las medidas cautelares». La decisión queda ahora en manos de la juez Canales, que hasta el momento se ha mostrado más proclive a aceptar las peticiones de la Abogacía que las de la familia Franco.