La Fiscalía pide una indemnización del doble del peaje por las obras en el puente de Rande de la AP-9

La vista de apelación se celebró en la sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra después del fallo del Juzgado Mercantil número 1. En febrero de 2020, el juez de primera instancia, condenó a la concesionaria de la Autopista del Atlántico por el cobro «abusivo» de peajes durante 81 incidencias de circulación producidas durante las obras de ampliación del puente de Rande. El magistrado ordenó devolverle la cuantía a los afectados por no haber sido avisados de que había retenciones en el momento de acceder a la vía. En la sentencia el juez consideró que lo importante había sido que Audasa no había informado de la situación del tráfico a sus clientes para que pudiesen tomar la decisión de si utilizaban o no la vía.

Tanto el Ministerio Fiscal, como los abogados de las asociaciones de afectados trataron de demostrar durante el interrogatorio a los testigos que las retenciones del tráfico se produjeron de forma constante durante el periodo de las obras entre 2015 y 2018 y con mayor intensidad aún en el último año . En la sentencia anterior tan sólo se recogen 81 incidencias, de ellas 7 en el periodo de septiembre de 2017 a julio de 2018. Los testigos coincidieron que prácticamente todos los días había problemas con el tráfico, aunque sí reconocieron que el retraso variaba desde los 10 minutos hasta el entorno de los 30. También explicaron que no encontraron ningún cartel informativo antes de entrar en la autopista y que las alternativas al uso de la vía eran inexistentes . Emplear la carretera nacional y bordear la ría suponía aún más tiempo de trayecto y salir antes de Rande hacia Cangas para volver a entrar significaba abandonar la retención desde Pontevedra para volver a encontrársela al intentar acceder nuevamente al puente.

En el fallo de 2020, el juez desestimó indemnizaciones para todos los conductores y emplazó a los perjudicados a reclamar individualmente. Pero la Fiscalía insistió esta mañana en una indemnización global (el doble del peaje). «El usuario no sabía lo que se va a encontrar en la vía, pero sabe que tiene que pagar», aseveró el fiscal, tras defender que la afectación de las obras era «diaria» y reclamar también un mayor periodo de indemnizaciones y no solo los 81 días que el juez de primera instancia consideró probadas las retenciones.

El abogado de Audasa, por su parte, afirmó que los testigos no son imparciales al ser parte interesada en el proceso como posibles beneficiarios de las indemnizaciones. Recordó que fue la Guardia Civil la que acredita los momentos en los que se produjeron las retenciones e insistió en que la concesionaria no tiene capacidad para informar de la situación en la vía en las carreteras de acceso a la AP-9, que debe gestionar la Dirección General de Tráfico. «¿Se nos está diciendo que la información de la DGT no es veraz?, afirmó. El letrado también resaltó que los usuarios elegían libremente pagar la vía porque el tiempo era menor que con otras alternativas.