Fernando Blanco, flanqueado por sus abogados, Evaristo Nogueira (izq.) y Xoan Antón Pérez-Lema (dcha.), este martes durante su comparecencia ante los medios en Santiago
Fernando Blanco, flanqueado por sus abogados, Evaristo Nogueira (izq.) y Xoan Antón Pérez-Lema (dcha.), este martes durante su comparecencia ante los medios en Santiago - MIGUEL MUÑIZ
TRAS CASI OCHO AÑOS IMPUTADO POR LA JUEZ DE LUGO

Fernando Blanco pide cambios legales para que jueces como De Lara no perpetúen las causas

El exconselleiro reconoce haber estado «inhabilitado ocho años», mientras duró la investigación contra él que la Audiencia de Lugo ordenó sobreseer hace quince días. Su defensa denuncia que la juez emprendió «una causa general» contra el político, que descarta volver a la vida pública

Actualizado:

A punto de cumplirse ocho años desde que la juez Pilar de Lara lo imputara en el marco de una pieza separada de la «operación Campeón», Fernando Blanco ha comparecido este martes públicamente para celebrar —no sin cierta amargura— la decisión hace quince días de la Audiencia de Lugo de sobreseer su causa, por entender que las acusaciones formuladas por Jorge Dorribo contra su persona, sobre las que la instructora construía su investigación, no se sostenían más tiempo en pie. «He estado inhabilitado ocho años», ha lamentado el exconselleiro nacionalista de Industria durante el gobierno bipartito, «esta es una justicia que llega tarde».

Flanqueado por los abogados que han dirigido su defensa —los letrados Evaristo Nogueira y Xoan Antón Pérez-Lema—, Blanco ha expresado su deseo en que el Poder Judicial ponga fin a este tipo de distorsiones en las instrucciones, que solo demuestran «un funcionamiento deficiente de la justicia». Precisamente, el CGPJ informó la pasada semana de la incoación de un expediente sancionador a la juez De Lara por los retrasos injustificados en las instrucciones de las que es responsable, así como del incremento innecesario del volumen de las investigaciones, dos acusaciones que la llevarán el próximo día 21 de noviembre a declarar ante la sede del gobierno de los jueces.

Fernando Blanco ha reconocido que siempre se mostró respetuoso con el desarrollo del proceso, bajo la confianza de que era cuestión de tiempo que, tras prestar declaración y presentar toda la documentación oportuna en sede judicial, la investigación se archivara. Pero en vez de llegar el esperado sobreseimiento, «desde 2014 se creó una causa general sobre cualquier indicio de incremento patrimonial de Fernando y su familia», ha denunciado Pérez-Lema; «hemos estado constantemente practicando pruebas para demostrar la inocencia, y cuando las prácticábamos se nos pedía otra y otra», ha lamentado Nogueira. «De mi han hecho informes Vigilancia Aduanera, la Agencia Tributaria, la Policía... se le pudo pedir uno tambien al FBI», ha ironizado Blanco.

Jueces jugando a periodistas

El exconselleiro ha evitado cargar las tintas directamente contra la juez —como si han hecho sus abogados— y ha reclamado cambios a nivel político, judicial e informativo» para que situaciones como la que él ha vivido no se repitan. «Aquí había periodistas que jugaban a ser jueces y jueces que jugaban a ser periodistas, y así desaparecen tanto la justicia como la información», ha criticado, «los secretos sumariales son mentiras enormes, porque sabíamos que un medio vendía el sumario por trozos a tres euros».

«En todas las profesiones puede haber alguien que lo haga mal», ha abundado Blanco, «pero debe haber mecanismos para corregirlo». En su opinión, calvarios como el vivido «alteran la vida de las personas, de la familia y del entorno», a pesar de que en su caso «los amigos y los compañeros del BNG siempre estuvieron a mi lado». Así, ha llamado a «hacer una reflexión» sobre la conveniencia de la máxima política de que una imputación debe conllevar la dimisión de un político. «Porque a quien no le gustan los resultados electorales, puede usar la justicia en una lucha que no es limpia», ha sentenciado. Eso es, precisamente, lo que el BNG hizo con el exalcalde de Lugo, López Orozco, en 2015, y que forzó su renuncia a la alcaldía y su retirada de la vida pública. «Hay que evitar que un juez diga quién es candidato o no», ha apostillado.

«Fernando Blanco es el paradigma de esa pena que no está en el Código Penal como es la pena de banquillo», ha denunciado Evaristo Nogueira, «una instrucción no puede durar ocho años, es inconcebible», algo que produce «consecuencias» tanto «familiares como políticas». «Algo falla en la instrucción penal» cuando «cualquiera puede ser investigado». «Es muy fácil hundir a alguien políticamente», ha apuntado.

Pérez-Lema, reconociendo que el propio sistema judicial español presenta aspectos manifiestamente mejorables —falta de recursos para la investigación, baja dotación de jueces, etc.— si ha destacado que en este caso «hubo características específicas» imputables «a la juez Pilar de Lara». No obstante, ha negado que con la denuncia que presentó ante el Poder Judicial —y que ha sido una de las que ha derivado en la apertura del expediente sancionador— haya «espíritu retributivo o de venganza», y ha dejado entrever su escepticismo respecto a que este proceso concluya con una sanción efectiva a la instructora. Para el letrado, el plazo de instrucción de seis meses es muy escaso, y cabe incluso que en la renovación del CGPJ que están negociando los partidos políticos se produzca la sustitución del promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde.

Preguntado por si este sobreseimiento puede abrirle la puerta a un regreso a la actividad política, Fernando Blanco lo ha descartado porque «en la vida todo tiene un tiempo», lamentando además que la política actual haya perdido la capacidad de diálogo y consenso que había en su época. «Se ha instalado la radicalidad en la vida política», ha analizado, «y si se pierden las vías de diálogo, construimos un mundo mucho peor».