Feijóo espera que el separatismo no acabe condicionando el traspaso de la AP-9

Un día después de recibir la visita en la Comunidad del ministro José Luis Ábalos , el presidente gallego ha reconocido que en Moncloa «no hay cambio de postura» . De entrada, el Ejecutivo no se opone frontalmente a la transferencia, pero sí pone por delante toda una serie de condicionantes que, en la práctica, reducen -y mucho- la posibilidad de que los gallegos gestionen por sí mismos la autopista.

En primer lugar, Ábalos recordó que su Ministerio tiene por norma no traspasar ninguna carretera de «interés estratégico» para el España ; no ya por su capacidad para vertebrar puertos o aeropuertos, sino por su utilidad como conexión entre distintos países, en este caso Portugal. Fomento, por lo pronto, ya ha encargado una auditoría para poner luz sobre la cuestión.

El otro punto es el territorial. El equipo de Ábalos se conjura para no incurrir en «arbitrariedades», y en este caso cree que entregar la AP-9 multiplicaría las posibilidades de un «efecto contagio» en el resto de autonomías.

La única posibilidad que le queda a Galicia, pues, es que la transferencia se aborde desde un punto de vista general en el que se incluyan peticiones de otras regiones. De ahí la respuesta del presidente de la Xunta. « Quiero pensar que unir el traspaso de la AP-9 a traspasos de otras autopistas de otras comunidades autónomas no será la forma de aplazarlo sine die », ha advertido Feijóo tras la reunión habitual de su equipo.

Del mismo modo, el mandatario popular ha confiado que el debate de la conexión atlántica no se vea condicionado por la agenda de aquellas otras comunidades a las que «no les interesa el cumplimento de la Constitución ni la lealtad institucional», en referencia a Cataluña.

Con independencia del choque por la cesión, el Gobierno gallego centrará en Redondela su agenda para la próxima reunión de la comisión de seguimiento. Allí planteará la «solucionar los problemas de los vecinos» de la localidad pontevedresa con la instalación de barreras antirruido, la insonorización de las viviendas, y muy especialmente la supresión del peaje, comprometido por el anterior ejecutivo del PP, y ahora puesto en entredicho por el equipo de Sánchez.