Las familias del Villa de Pitanxo maniobran para que el patrón no pueda volver al mar

María José de Pazo, hija de Francisco de Pazo, maquinista del buque y uno de los fallecidos en el hundimiento, ha explicado que han presentado un escrito ante la Audiencia Nacional y otro ante los juzgados de Marín (Pontevedra) solicitándolo, porque «desde hace semanas hay rumores de que el patrón está pendiente de embarcar en un buque de la misma empresa». «No queremos que la tragedia se vuelva a repetir», valoró De Pazo, que ejerce de portavoz oficiosa de las familias de los 21 tripulantes fallecidos .

Sin embargo, las pretensiones de las familias se encuentran con una barrera complicada de salvar. Y es que, a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y así lo sostiene también la Audiencia Nacional, considera que hay indicios suficientes para investigar al patrón del Villa de Pitanxo por 21 homicidios imprudentes y delitos contra los trabajadores, lo cierto es que no está imputado oficialmente . Por consiguiente, pese a los indicios delictivos, y a la investigación que desarrollaron los agentes de la Guardia Civil de Pontevedra –que entregaron sus diligencias a la Fiscalía de la Audiencia Nacional–, no se antoja sencillo que las familias puedan impedir que Padín se enrole si así lo quieren él y el armador, si el buque fuese de su propiedad. Por ahora, según explicó De Pazo a ABC, el juzgado de Marín han dado traslado de la petición de las familias a la Fiscalía para que se pronuncie. Del escrito enviado a la Audiencia Nacional, las familias todavía tienen noticias. La razón de que el patrón no tenga todavía la condición de investigado es que aún no está claro qué tribunal asumirá la investigación de una causa que se antoja compleja, técnica y muy enrevesada.

En un primer momento, como se ha dicho, los investigadores de la Guardia Civil de Pontevedra remitieron las diligencias –fundamentalmente las declaraciones tomadas a supervivientes, tripulantes de los barcos que acudieron al rescate y familiares de las víctimas– a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Sin embargo, este tribunal consideró que no era el competente para asumir la causa, y la remitió a los juzgados de Marín con el argumento de que es el municipio donde el buque tenía su puerto base. Pero los juzgados esta localidad devolvieron la pelota a la Audiencia , alegando que el accidente del buque gallego había ocurrido en aguas internacionales.

En resumen, todavía no se ha aclarado qué órgano es el competente para instruir la causa –si la Audiencia Nacional vuelve a rechazarlo, deberá decidir el Tribunal Supremo- y, de momento, Padín no tiene la condición de investigado, según explicaron a ABC fuentes judiciales. Hay, sin embargo, una ventana de esperanza para las pretensiones de las familias: un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que mientras no se resuelve la cuestión de competencia, el juez de instrucción que haya acordado la inhibición a favor de otro tribunal –en este caso la Audiencia Nacional– «seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo ».

Los indicios contra Padín se desprenden, sobre todo, de la declaración del marinero de origen ghanés superviviente Samuel Kwesi, que contradice la versión del patrón –y de la armadora– de que los motores se pararon repentinamente, quedando el pesquero a la deriva. La versión de Kwesi es distinta: dice que lo primero en estropearse fueron las maquinillas que levantan las redes , que venían cargadas de pescado, y que el patrón se había negado a soltarlas pese a la insistencia de la tripulación . Según este marinero, eso desestabilizó al buque. Kwesi también relató presiones del patrón y del armador para que secundase al versión oficial del hundimiento . Y los mensajes de la tripulación con sus familias, antes del siniestro, apuntan a que trabajaban en malas condiciones.