Los fallos de seguridad en espectáculos se multarán con hasta 600.000 euros

A la espera de que sea remitido al Parlamento y se dé inicio a la fase de alegaciones, el Gobierno gallego esbozó los trazos gruesos del texto, con un especial acento sobre la seguridad. La administración quiere habilitar todo tipo de instrumentos para evitar tragedias todavía muy recientes, como la del Madrid Arena, y de paso reforzar el sometimiento de los organizadores al control de la administración. Por un lado, la regulación habilita un régimen sancionador, con multas de hasta 600.000 euros para quien viole de forma flagrante los requisitos de aforo o ponga en peligro la integridad de los asistentes. Incluso, en el peor de los escenarios, el Gobierno autonómico podrá aplicar a los responsables una prohibición de por vida para celebrar espectáculos. Las faltas leves se penarán con 300 euros y las graves, con hasta 30.000.

También dentro de la seguridad, otro de los puntos clave pasa por los mecanismos preventivos. Las fiestas masivas estarán obligadas a presentar un plan de «emergencias y autoprotección»; y las celebraciones «permanentes» tendrán que diseñar otro documento para facilitar las inspecciones de los ayuntamientos y el Gobierno gallego.

Las verbenas patronales y las romerías son, especialmente en Galicia, un ejemplo de fenómeno autogestionado. Pero dado su auge en los últimos años, la Xunta lo considera un «caso clarísimo» donde es necesario introducir ciertas regulaciones, siempre y cuando no se altere el espíritu vecinal de los festejos. Las asociaciones y las comisiones de fiestas deberán presentar una declaración responsable en los concellos y acreditar —como ya requería la legislación estatal— que se ha contratado un seguro contra posibles imprevistos. Cualquier documentación adicional, como la relacionada con el montaje de escenarios móviles, será responsabilidad de las empresas y las orquestas.

El ejemplo de las verbenas acredita el especial protagonismo que tendrán los gobiernos locales en la normativa. Además de ejercer de intermediarios entre los promotores y la Xunta, podrán solicitar una modificación de los horarios festivos en eventos «extraordinarios», aunque dentro de una franja común que fijará igualmente la administración.

La ley, por lo demás, recogerá algunos elementos muy puntuales, como la prohibición de acceso a las corridas de toros para menores de 12 años. También, la Xunta fortalecerá los controles en la venta de entradas y velará por que cada evento mantenga el respeto por el medio ambiente y la conservación del patrimonio. Hasta incidirá en el uso correcto de la publicidad: todos los carteles que promocionen valores sexistas o discriminatorios podrán ser denunciados, y la imprenta encargada de su fabricación tendrá que identificar a los organizadores.

El camino emprendido hasta ayer «fue un proceso largo», describió Rueda. Su departamento pulsó las opiniones de todas las administraciones, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los sectores empresariales y las asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas. Un magma heterogéneo de actores, «con muchísimos intereses contrapuestos», que deberían encontrar acomodo en el texto.

Hasta el momento, la legislación vigente estaba desactualizada y un tanto dispersa. Mucha de la casuística proviene de un decreto, fechado en 1996, de cuando la Xunta tuvo que asumir las competencias que hasta en ese momento manejaba el Estado. Además, el proyecto aprobado ayer en el Consello tiene que incardinarse ahora con todo el «corpus» jurídico vigente en materia fiscal, laboral o de orden público. De ahí que el vicepresidente aludiera a la precisión de la ley: «Intentamos hacer una ley cuanto más concreta, mejor». Una vez que se supere la fase de sugerencias y la tramitación parlamentaria, la Xunta podrá recurrir a una comisión de espectáculos y eventos públicos, en la que estarán representadas todas las administraciones y los empresarios. «Tendrá carácter consultivo pero seguro que será muy útil», zanjó el vicepresidente autonómico.