Los expertos de la Xunta avalan que el Estado reclame como bien público el Pazo de Meirás

A juicio de los expertos, con independencia de las anomalías que rodearon la donación y posterior formalización de compraventa del Pazo de Meirás por parte de los Franco entre 1938 y 1941, el hecho de que el dictador empleara el inmueble como residencia oficial durante su etapa como Jefe del Estado, valiéndose para ello de recursos públicos y personal funcionario, lo convirtieron de facto en un inmueble de la misma condición que el Palacio del Pardo o el Palacio de Aiete (el lugar de verano de los Franco en San Sebastián).

A través de un documento de sesenta páginas, los expertos consideran acreditado que las distintas administraciones públicas del Estado, durante el Franquismo, asumieron costes de mantenimiento, reforma y mejora del Pazo, algo que no habría tenido lugar de tratarse de una vivienda privada de la familia del dictador. De hecho, la Casa Civil del Jefe del Estado contempló partidas de los presupuestos para el inmueble entre 1942 y 1975. «Resulta acreditada la realización de obra de acondicionamiento, mejora y ampliación del Pazo de Meirás durante 31 años de manera ininterrumpida y con cargo al erario público , como es propio de un bien de dominio público», concluyen.

«Resulta pertinente la calificación de las Torres de Meirás como bien de dominio público (...) como consecuencia de su posesión continuada », también conocida como usucapión. Esta figura jurídica, ya existente en el derecho romano, permite la adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada de un bien, y también está contemplada en casos de que el adquiriente sea una administración pública. Los expertos entienden que se han cumplido sobradamente los treinta años que la legislación española exige para que tenga efectos esta usucapión , y que por tanto dejaría sin validez los posteriores títulos de propiedad del Pazo, como el que obtuvo Carmen Polo a la muerte del dictador, o la hija de ambos, Carmen Franco.

Otro de los preceptos jurídicos enumerados por los expertos es la inalienabilidad e imprescritibilidad de los bienes de dominio público, por lo que el Estado tendría intacta su capacidad para reclamar la propiedad de Meirás con independencia del tiempo transcurrido . La inalienabilidad es lo que, por otra parte, impide que los Franco no ya puedan vender el Pazo, sino que siquiera puedan reclamarlo como suyo.

El informe también indica que es el Estado, a través de su Abogacía General, quien deberá iniciar el procedimiento judicial en el orden civil contra los herederos de Carmen Franco para reclamar la propiedad del inmueble, y que el proceso debería tener lugar en los Juzgados de Betanzos, a cuyo partido judicial pertenece el concello de Sada, donde se sitúa el Pazo. Este proceso debería concluir, según los expertos, en la reversión de Meirás como bien titularidad del Estado. Eso sí, se reconoce que deberían liquidarse «los gastos y costes derivados de la posesión del inmueble» por parte de los Franco desde el fallecimiento del dictador hasta la fecha de la hipotética resolución judicial.

«La reintegración de Meirás al ámbito de los bienes de dominio público, en hipótesis, podría representar un coste para el erario público» , si bien «esta suma sería notablemente inferior a su valor de mercado o al precio que habría de satisfacerse como justiprecio expropiatorio» en caso de llevar a cabo una expropiación, una vía siempre rechazada por la Xunta, opuesta a que los gallegos «pagaran dos veces» a los Franco por el Pazo.

La comisión de expertos de la Xunta se creo amparada por una resolución del Parlamento gallego aprobada por unanimidad (con los votos de PP, PSOE, En Marea y BNG). Presidida por el catedrático de historia contemporánea de la USC, Xosé Manuel Núñez Seixas, está formada por otros once miembros, entre los que se cuentan otros tres catedráticos de Derecho de las universidades gallegas, representantes de las administraciones local, provincial y autonómica y del notariado y el registro de la propiedad.

Este es el segundo informe que una comisión de expertos elabora para explorar vías que permitieran reintegrar a manos públicas el Pazo de Meirás. El primero vino de la mano de un grupo creado en la Diputación de La Coruña, que centró sus trabajos en considerar nula la compraventa del año 1941, por existir una «simulación» en el proceso que lo invalidaba. Estos informes coinciden en el tiempo con el anuncio efectuado por los Franco de que el Pazo de Meirás está en venta, y para tal efecto concedieron su comercialización a una inmobiliaria de Santander .