El exsacerdote niega en el juicio haberse quedado con patrimonio de las parroquias valorado en 25.000 euros

A preguntas del ministerio fiscal, que pide para Silvaje, además de la pena de prisión, que indemnice al Obispado de Mondoñedo-Ferrol y el pago de una multa de 3.000 euros, el exsacerdote reconoció que pudo haberse equivocado en el ejercicio de sus funciones como párroco, pero se mostró dispuesto a reparar todo aquel daño que hubiese podido hacer.

«He podido equivocarme, pero repondré todo aquello en lo que me haya equivocado. No necesito -para ello- una sentencia judicial», dijo Silvaje, quien también aclaró que nunca tocó «ningún bien mueble» para ser restaurado que estuviese «catalogado ».

El exsacerdote relató que fue ordenado en el año 2006, en la catedral de Mondoñedo, y llegó a la comarca de A Mariña, para ejercer su recién estrenado ministerio, en noviembre de 2008.

Explicó que se hizo cargo de trece parroquias , porque fue asumiendo más responsabilidades a medida que otros párrocos tenían «problemas de salud», hasta el punto de que se hizo responsable de «una carga enorme».

También, a preguntas del ministerio público, explicó que la labor de sus precesores al frente de algunas parroquias era «muy criticable», porque en algunos casos tardó hasta «cinco meses» en hacerse con las llaves de las mismas, con los libros eclesiales y la titularidad de las cuentas parroquiales, que en muchos casos estaban «en números rojos».

Aseguró en su testimonio que intentó introducir un nuevo sistema de funcionamiento en las parroquias y que ordenó la restauración y limpieza de algunas piezas que efectivamente requerían de un cuidado, pero también aclaró que siempre solicitó permiso al Obispado cuando consideraba que realmente «lo había que pedir» a la «autoridad competente».

«No toqué ningún bien inmueble para ser restaurado que estuviese catalogado», dijo en la vista oral.

Al ser preguntado por el ministerio público por si llevaba un «control o registro» de los bienes que mandó «a limpiar» o «a restaurar», aseguró que «completamente», porque sabía «perfectamente» donde estaba cada uno, aunque la fiscal encargada del caso echó en falta esa relación entre las pruebas documentales de este proceso.

Por otra parte, también aclaró que le comunicó al Obispado su intención de dejar el sacerdocio «seis meses antes de que empezase a ocurrir todo esto», de modo que negó que se hubiese marchado a causa del «escándalo». Aseguró, en ese sentido, que fue «una decisión meditada durante dos años», con motivo de «sus dudas de fe».

Su abogado, José Manuel Oliveros aseguró que «estamos ante un procedimiento que nunca debería haber llegado a esta fase procesal, teniendo en cuenta que don José Emilio no se ha apropiado de ningún objeto de las parroquias que entonces llevaba , sino al contrario, realizó inversiones incluso de su propio patrimonio personal que hicieron que mejoraran esas parroquias».

El letrado opina que «a raíz de la desaparición de unas tallas en la parroquia de Sante, la gente empezó a alterarse y en aquel momento existía una situación complicada para don José Emilio, un párroco que llevaba poco tiempo en la zona» y que estaba intentando «introducir una metodología de funcionamiento que en cierta medida rompía con la forma de actuar tradicional». Desde su punto de vista, «se le imputaron una serie de hechos que a lo largo del tiempo se ha acreditado que no eran ciertos».

«En absoluto son ciertos los hechos que se le imputan. Los objetos que tenía en su poder era para mejorarlos , para hacer labores de restauración y labores de limpieza, en absoluto para apropiarse de ellos», añadió.

De hecho, se mostró convencido de que se demostrará en el procedimiento que no hubo «ningún ánimo de lucro » por parte de su patrocinado, ni tampoco «enriquecimiento».

En cuanto a los objetos desaparecidos, precisó que aquellos que estaban de su mano para «restauraciones», fueron apareciendo «todos».

Por su parte, el letrado -Antonio Platas- que defiende al otro acusado en este proceso, en este caso un mariñano al que se le imputa un delito de receptación, supuestamente por actuar como intermediario, confirmó que también pedirá la libre absolución. El ministerio fiscal pide para él una condena de año y medio de prisión.

La diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha ofrecido su plena colaboración en este caso y aunque no se persona como acusación particular, el vicario general y el delegado de Patrimonio estarán presentes como testigos en el juicio. Según indica en una nota , «redoblará sus esfuerzos para velar por los intereses» de sus feligreses «a través de una gestión transparente de sus bienes culturales».