La UE estudiará si las prórrogas a la concesionaria de la AP-9 vulneran la normativa

Según ha explicado el presidente de la asociación, Diego Maraña, dicha denuncia ya fue presentada el pasado mes de julio y ahora la Comisión tiene un año para estudiar la legalidad de dichas prórrogas. Si considera que incumplen la normativa comunitaria, podría tramitar un dictamen de incumplimiento contra el Estado español.

El asesor jurídico de la asociación para este procedimiento, Carlos Cenalmor, del despacho vigués Gándara Moure, ha explicado que la denuncia se basa en el hecho de que, cuando se hicieron las prórrogas, se estaba modificando sustancialmente el contrato con la concesionaria. El Libro Verde de la UE sobre contratación pública establece, ha señalado, que en estos casos debe realizarse un nuevo proceso de licitación, para que otras empresas pudieran optar a explotar la autopista. Las prórrogas de la concesión de la AP-9 deberían haber sido objeto de un procedimiento de contratación que no se llevó a cabo, denuncia En-Colectivo.

En-Colectivo ha expresado su optimismo con respecto a la admisión de la denuncia, ya que la Comisión Europea, cuando rechaza una petición de este tipo, suele hacerlo en un plazo de unos dos meses. Transcurridos seis meses desde la presentación de esta denuncia, la asociación ha manifestado su convencimiento de que el proceso «sigue adelante». Además, han puesto como ejemplo una denuncia similar relativa a una autopista de peaje en Italia , cuya concesión también fue prorrogada sin nueva licitación. En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento por incumplimiento contra este país. Si la Comisión sigue el mismo camino en el caso de España, instaría al Gobierno a tomar medidas, según han explicado los denunciantes, que reclaman la anulación de esas prórrogas. «El Estado español puede tramitar una nueva licitación que, en todo caso, sería en unas condiciones muy distintas a las actuales. O bien puede hacer lo que se está haciendo en el resto de España, que es dejar las autopistas libres de peaje, porque lo contrario sería un agravio comparativo hacia Galicia», ha explicado Carlos Cenalmor.

En caso de que el Estado español no acepte las indicaciones de la Comisión, ésta puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE, mientras que, si se da la circunstancia de que sea la Comisión la que no acepte la denuncia de En-Colectivo, la asociación tendría que recurrir a la vía jurisdiccional española (denunciar ante el Tribunal Supremo), lo que sería «más lento y complejo».

Por otra parte, el presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, se ha referido también a otro procedimiento en el que está inmersa esta asociación: la reclamación de la devolución de los peajes pagados durante el tiempo en que se produjeron las obras de ampliación del puente de Rande, en la AP-9. El abogado que les asiste en esta causa, Antonio Heredero (del despacho Balms), ha confirmado que el juicio por esta reclamación, instado por la Fiscalía, se celebrará del 11 al 13 de febrero en el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra. Aunque se ha denegado la declaración de 80 testigos propuestos por la asociación, durante esos días, sí comparecerán «todos los guardias civiles» que actuaron durante «las más de 108 retenciones» que hubo debido a las obras, y que Audasa «niega».