Los acusados en el juicio que empezó esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia, en Santiago
Los acusados en el juicio que empezó esta semana en la Sección Sexta de la Audiencia, en Santiago - XOÁN REY/EFE
JUICIO

La estafa de Mahía, el segundo imperio del ladrillo gallego

El administrador de la promotora, Ramón López se enfrenta a 12 años de cárcel y el pago de 10 millones. La fiscalía lo acusa de desviar el negocio para perjudicar a otro socio

SantiagoActualizado:

La historia de Mahía, que llegó a convertirse, después de Fadesa, en el segundo imperio del ladrillo gallego por facturación, comienza en 1989. El 27 de septiembre, Manuel Gómez Maroñas, Antonio Vello y Emilio Cadia registran la empresa inmobiliaria. Empezaron a comprar pequeños solares y a levantar edificios de viviendas en los municipios próximos a Santiago de Compostela. Pero al compás de la barra libre del crédito bancario y de la ley del suelo de 1998, aprobada por el Gobierno de Aznar, que declaraba todo terreno urbanizable salvo que se dijese lo contrario, Mahía comenzó a danzar en el maratón de la burbuja inmobiliaria.

Treinta años después la guerra entre sus accionistas llega a juicio. Uno de sus fundadores, Gómez Maroñas, acusa a Ramón López —que se convertiría en administrador único de la sociedad tras comprar en 1991 la participación de Cadia— de crear una maraña empresarial para perjudicarle. La fiscalía asume las tesis del denunciante y pide para López y para otros cinco acusados, penas que llegan hasta los 12 años de prisión y el pago de 10 millones de euros de indemnización.

No es la primera vez que López se sienta en el banquillo. El administrador único de Mahía ya fue condenado en 2013 a tres años de cárcel por el bautizado como caso Arroyo, que llevaría también a prisión al alcalde del municipio vallisoletano del mismo nombre, el gallego José Manuel Méndez Freijo. La Audiencia de Valladolid, en una sentencia ratificada posteriormente por el Supremo, consideró probado que el promotor pagó generosamente al alcalde a cambio de que recalificase terrenos que previamente había adquirido Mahía. Entre 2003 y 2006, la promotora gallega exportó a otros puntos de España, la fórmula que la había llevado al éxito en Santiago. Compraba fincas en municipios que acabarían convirtiéndose en dormitorio y a los que llegaban en masa aquéllos a los que la cartera no les daba para pagar los abultados precios que se pedían por un piso en la capital.

En el juicio fue clave el testimonio del fundador de Mahía, Gómez Maroñas. El exsocio aseguró que el alcalde recibió «cantidades salvajes» de mordidas por los favores prestados a la inmobiliaria, no solo en Arroyo sino también en otros puntos de Castilla y León. La sentencia considera que Mahía regaló a Méndez Freijo una casa en Vilagarcía de Arousa y le concedió un préstamo de 30 millones de pesetas que nunca devolvería. El alcalde gallego de Arroyo había debutado en la política local de su localidad natal de As Nogais (Lugo) en 1983 de la mano del BNG, a los pocos meses se pasó al PSdeG. Tras su marcha a Valladolid ingresó en el Partido de los Independientes de España para en 1999 saltar a las filas del Partido Popular.

Entrada en prisión

En enero de 2015, el alcalde fue a parar a la cárcel coruñesa de Teixeiro de la que saldría año y medio después en régimen de tercer grado. En febrero ingresaba en el penal de A Lama (Pontevedra) el promotor Ramón López. Apenas dos meses más tarde se le podía ver sentado en las terrazas de Santiago. El juez de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Galicia había autorizado su puesta en libertad. Pero el administrador único de Mahía volvería a prisión, después de que la Audiencia de Valladolid anulase los beneficios penitenciarios.

Mientras vivía en la celda de A Lama, Ramón López era consciente de que sus causas con la justicia aún no habían terminado. En 2006 su antiguo socio lo había denunciado por dejarlo fuera de buena parte de las ganancias de la promotora. Este martes comenzó el juicio en la Sección Sexta de la Audiencia coruñesa, con sede en Santiago. La defensa de López intentó anularlo alegando que los cargos contra él, son «genéricos», «inconcretos» y además están «prescritos». Pero sus razones no convencieron al juez y las sesiones se retomarán el 6 de mayo con las declaraciones de los acusados.

El fiscal acusa al administrador único de Mahía de un delito continuado de administración desleal y de apropiación indebida. En su escrito detalla que López «con la eficaz colaboración» de los otros cinco acusados creó un conjunto de sociedades en las que su antiguo socio no tenía participación. Una vez en marcha «desviaron el negocio de Mahía Inmobiliaria» y de otras empresas compartidas hacia las nuevas firmas «con el objeto de perjudicar económicamente a las sociedades ligadas al señor G. M. (García Maroñas)». Los acusados, según el fiscal, transmitían solares y parcelas «por un precio que estaba por debajo del mercado». El trasvase de activos se inició en 2002 y continuó hasta 2005. La fiscalía cita explícitamente cuatro operaciones, una de ellas con suelo situado en el ayuntamiento vallisoletano del Arroyo de la Encomienda. Mahía vendió por 750.000 euros las parcelas a Habitarama cuando el valor de tasación alcanzaba los 6.382.250 euros.

Pero el laberinto judicial entorno al segundo imperio del ladrillo gallego todavía escribirá un nuevo capítulo. González Maroñas ha interpuesto otra demanda, que ya tiene cerrada la instrucción, contra su antiguo compañero de negocios. Lo acusa de alzamiento de bienes. Por el caso que ha empezado a juzgarse esta semana, los acusados deberían haber depositado una fianza de 20 millones de euros. No lo hicieron alegando insolvencia. Pero el fundador de Mahía los acusa de esconder el dinero en una nueva maraña de hasta 73 empresas con la que la firma trasladó al extranjero sus negocios inmobiliarios cuando en 2008 estalló la burbuja en España.