Un error formal amenaza con anular la sentencia del Pazo de Meirás

El error consiste en la identificación de los titulares de las quince fincas registrales que componen la parcela catastral de Meirás. Mientras que sus seis hermanos comparecían en calidad de demandados como personas físicas, Francis Franco lo hacía a través de una sociedad, Pristina SL. Cuando en 2018 transmitió sus derechos sobre la herencia de su madre a esta sociedad, no identificó «por error o inadvertencia» las quince fincas sino solo una, la principal , en la que se ubica el inmueble. Por tanto, aunque pudiera interpretarse que a día de hoy la posesión de las catorce fincas restantes estaría compartida entre el Estado (en un 86%) y el nieto mayor de Franco (en el 14% restante) —dado que al no haberse reclamado contra él la propiedad de esos terrenos, estos seguirían siendo suyos—, esto no sería así. Fuentes jurídicas consultadas aseguraron que, en un caso como este, «no habría copropiedad» porque la acción ejercida por el Estado «no es divisible» y este «reclamó la usucapión sobre el 100% de las quince fincas».

La Audiencia se dirigió el pasado 20 de enero a las partes por esta «incidencia» que «podría traducirse en un problema de naturaleza litisconsorcial» y, a su vez, «generar una nulidad de actuaciones», lo que retrotraería el proceso a la fase de audiencia previa, haciendo decaer la sentencia de primera instancia, las medidas cautelares posteriores y el debate abierto a día de hoy sobre la posesión de los bienes muebles contenidos en el Pazo . De facto, Meirás regresaría a manos de los Franco hasta que se celebrara un nuevo juicio , también en el Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña y bajo la dirección de su titular, Marta Canales , con un más que probable idéntico resultado favorable a las pretensiones del Estado.

Sin embargo, en el plazo de alegaciones abierto por la Audiencia, los Franco han mostrado su intención de evitar este contratiempo que dilataría todavía más en el tiempo la resolución del conflicto, ante lo que pudiera considerarse «una posible conculcación del principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído ni vencido en el juicio». En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, Francis Franco decide comparecer como persona física en la causa «en calidad de demandado» y declara a la Audiencia «haber tenido en todo momento y desde un principio perfecto conocimiento» del proceso, manifestándose además a través de los abogados de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista.

Francis Franco «de ninguna manera considera haberse visto afectado por la sentencia apelada ni por ninguna otra resolución dictada en este litigio sin haber tenido la oportunidad de ser oído», recoge el escrito remitido a la Audiencia negando así cualquier asomo de indefensión, «asume como propio todo cuando se ha actuado y resuelto hasta la fecha en el presente procedimiento» .

A falta de saber la postura del resto de partes —Abogacía, Xunta, Diputación Provincial y los concellos de La Coruña y Sada—, la última palabra la tiene la Sección Tercera de la Sala de lo Civil Audiencia de La Coruña, que a pesar de haber dado voz a demandados y demandantes para conocer sus pareceres, podría decretar de oficio la nulidad de actuaciones y devolver el procedimiento a enero del año pasado, cuando se celebró la audiencia previa al juicio oral.