Los acusados de la «operación Trucarro», en el banquillo de la Audiencia Provincial
Los acusados de la «operación Trucarro», en el banquillo de la Audiencia Provincial - EFE
TRIBUNALES

Un error del fiscal anula una investigación de ocho años contra una red que trucaba contadores de coches

Incorporó tarde a la causa la documentación que legitimaba unas escuchas telefónicas esenciales en el proceso. La Audiencia Provincial de La Coruña las anuló y todo el caso ha acabado en un enorme fiasco

SANTIAGOActualizado:

Diez años desde que se comenzó la investigación, ocho de pesquisas policiales y judiciales, para finalmente acabar en nada. Un error del fiscal ha mandado a la papelera la que se conoció como «operación Trucarro», una red que manipulaba los cuentakilómetros de coches usados para revenderlos a precios superiores a su valor real de mercado. La acusación se formulaba contra una cuarentena de personas por estafa y muchos de ellos con el agravante de continuada, con peticiones de prisión de hasta dos años y medio de prisión y cuantiosas indemnizaciones. Pero todo ha decaido tras la decisión de la Audiencia Provincial de anular las escuchas telefónicas de la que derivaban el grueso de las actuaciones y pruebas. La razón: el fiscal no presentó en el momento procesal oportuno la documentación que acreditaba la legitimidad de los pìnchazos. Y cuando quiso hacerlo ya era tarde.

Así lo recoge la sentencia dictada este martes por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña en la que los magistrados explican su decisión de anular las escuchas, conocida semanas atrás y que ya hacía prever este frustrante desenlace. En la «Trucarro», los pinchazos de 2008 que originaron la investigación procedían de otra causa dirigida por un juzgado de Lalín y, posteriormente, otro de Pontevedra. Todos amparados por sus correspondientes oficios policiales y resoluciones judiciales. Pero esta documentación no fue incorporada al sumario de la «Trucarro», que instruyó un juzgado de Santiago de Compostela.

Estas escuchas permitieron conocer la existencia de esta red fraudulenta de manipulación de cuentakilómetros, que habría afectado a unos 300 vehículos, comercializados por una veintena de concesionarios de segunda mano repartidos por toda España. Gracias a ellas se identificaron al grueso de los acusados, los talleres que trampeaban los coches y se dio pie a los registros de los mismos para incautarse de documentación probatoria.

Escuchas impugnadas

Sin embargo, una de las defensas impugnó la legalidad de los pinchazos en base a una doctrina del Tribunal Supremo, por la que se exige que cuando las escuchas son incorporadas desde otra causa, a su vez se debe incluir la documentación que las justifica y autoriza, así como las prórrogas que se hubieran dictado. Este abogado planteó esta queja antes del inicio de la vista oral —que se celebró a mediados de enero— y en el trámite de las cuestiones previas. «Tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares fueron avisadas antes de la celebración del juicio», recuerda la sentencia, pero uno y otras «se limitaron a oponerse y no propusieron prueba alguna, ni solicitaron la suspensión de la vista».

El fiscal Jorge Fernández de Aranguiz —recordado por su impecable interrogatorio a los padres de Asunta durante el juicio por el asesinato de su hija— solo reaccionó una vez que el tribunal decidió la anulación de las escuchas, pero ya era tarde. «La reacción del Ministerio Fiscal, tratando de presentar la documentación una vez anuladas las escuchas, pone de manifiesto que estuvo a su alcance, no solo el haber aportado esa prueba antes de la vista, sino también entre el día del comienzo del juicio y el día en que se resolvió sobre la nulidad», recoge el fallo. La Sala se negó a aceptar lo que consideró una «presentación extemporánea» de la documentación.

Sin pinchazos no había caso. «La totalidad de la prueba propuesta por las acusaciones, tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares, deriva de las intervenciones telefónicas anuladas». El propio Aranguiz lo reconoció durante la vista oral: «sin las escuchas no podemos celebrar el juicio». A la Audiencia Provincial solo le quedaba la opción de absolver a todos los acusados, incluso a los que previamente habían alcanzado acuerdos de conformidad con la Fiscalía. La «Trucarro» acaba así en fiasco.

Una estafa sin castigo penal

El principal acusado era el empresario Johann G., quien «prestó repetidamente a toda una serie de talleres y concesionarios dedicados a la venta de vehículos usados», tanto en Galicia como fuera de la Comunidad, «servicios técnicos que incluían la alteración de la indicación de los kilómetros recorridos en los salpicaderos digitales de los vehículos», según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía. Su destreza en esta manipulación le llevó a ser «popular y demandado dentro del sector».

Para ello, se valía de dos máquinas con las que trabajaba bien en un taller de su propiedad a las afueras de Compostela, bien desplazándose a las instalaciones de los clientes. Esta «masa de engaños» se extendió por varias provincias españolas entre 2008 y 2010, año en el que se destapó la red. Tal y como recoge la Fiscalía, una veintena de concesionarios se valieron de esta manipulación técnica para rebajar kilómetros a sus coches de ocasión. En total, 305 coches se vendieron a terceros con trampa en sus contadores.

Algunos casos formaban parte de un modus operandi basado en el engaño. Por ejemplo, un taller de Sada con sucursales en los polígonos de A Grela (La Coruña) y Narón compraban vehículos de ocasión en varios concesionarios de Madrid, los manipulaban y los revendían a su vez a otros profesionales del negocio de la venta de cohes usados o a particulares. A un A-3 que adquirieron en Coslada con 269.000 kilómetros, tras trucarle el contador, lo dejaron con apenas 94.000 aparentes. En ocasiones la trampa tenía consecuencias. A otra persona le vendieron un Passat con 86.000 km después de rebajarlo fraudulentamente de los 172.000 con los que lo habían comprado en Madrid. El receptor acabó por devolverles el coche pasado unos meses por los problemas que le daba, pero lejos de sacarlo del mercado, lo volvieron a colocar a otro usuario.

Por el escrito del fiscal aparecían vehículos a los que se les recortan desde 20.000 hasta 150.000 o 170.000. Los epicentros de este fraude eran concesionarios de Santiago, Astorga, Oleiros o el antes mencionado de A Grela/Narón. Se da la circunstancia de que la inmensa mayoría de los negocios que vendieron vehículos trampeados era, a su vez, concesionarios oficiales de las más diversas marcas. Cuando trascendió el contenido del sumario, los nombres de estos talleres corrieron como la pólvora entre asociaciones de usuarios y foros de internet para prevenir a futuros damnificados por estas prácticas ilegales.